El Partido Liberal Colombiano formalizó su adhesión a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, mediante la firma de un acuerdo programático que define diez líneas de acción bajo el lema “Para que Colombia funcione”, según el documento conocido este jueves.
El texto plantea que la decisión responde a “afinidades programáticas” y a la necesidad de impulsar una alianza basada en propuestas concretas frente a lo que describe como un “punto de quiebre” institucional, económico y social del país.
En ese marco, el liberalismo anuncia que trabajará para que Colombia tenga, por primera vez, una mujer en la Presidencia.
Entre los compromisos centrales del acuerdo se incluye la defensa de la Constitución de 1991 y el rechazo a la convocatoria de una asamblea constituyente. El documento sostiene que el cambio institucional debe darse dentro del marco vigente, con énfasis en la justicia social y la igualdad.
En materia de salud, se propone una reforma orientada al paciente, con fortalecimiento de la atención domiciliaria, la telemedicina y la digitalización de historias clínicas, así como un esquema de pagos por resultados. También se plantea la articulación entre el sistema público y privado.
El acuerdo contempla el fortalecimiento de la independencia judicial, acompañado de mayores recursos presupuestales, modernización tecnológica y mecanismos alternativos de resolución de conflictos para enfrentar la congestión en los despachos.
En el frente económico, se incluyen medidas de alivio para la clase media y sectores populares, como límites al incremento del impuesto predial, revisión de avalúos y ajustes al sistema de subsidios. Además, propone cambios en el esquema del SOAT y el control a las fotomultas.
La agenda de seguridad plantea retomar el control territorial frente a economías ilegales, con cooperación internacional y uso de tecnología para reducir cultivos ilícitos.
El documento también destaca el fortalecimiento del aparato productivo con énfasis en la eventual reconstrucción de Venezuela como oportunidad económica regional, junto con una transición energética que combine explotación de hidrocarburos con compensación ambiental.
Otros puntos incluyen una descentralización diferenciada para las regiones, estrategias de protección de la biodiversidad con participación de comunidades y un enfoque de gestión estatal centrado en resultados.