A los congresistas les quedan menos de 20 días de períodos legislativos y uno de los temas que podría quedar resuelto es la suerte que correría el presidente Gustavo Petro con su investigación penal por presuntas irregularidades en su campaña presidencial de 2022, un escándalo que lo acompañó desde el primer momento en el que se terció la banda presidencial.
Petro ha insistido en su inocencia, pero en el triunvirato de congresistas que lo investiga (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo), las cosas cambiaron, sorpresivamente, de rumbo. Inicialmente, los vientos soplaban a su favor, pero Arizabaleta, quien hace parte del Pacto Histórico, radicó un salvamento de voto donde pide abrir formalmente investigación contra el jefe de Estado.
El escenario no es de poca monta. Arizabaleta llegó al Congreso tras inscribirse en una lista del petrismo por el Valle del Cauca, pero es abogada penalista.
Uno de los temas que consideró que debe profundizarse es el préstamo que le hizo Fecode a la campaña presidencial de 2022.
“Fecode es una persona jurídica de derecho privado que, en su calidad de organización sindical, tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, explicó Arizabaleta.
Una vez el dinero estuvo en poder de Dagoberto Quiroga, entonces representante de Colombia Humana, “se giró a la sociedad Ingenial Media S. A. S., empresa con la que Colombia Humana suscribió un contrato para la implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022. Esta denominación, aparentemente técnica, contenía el pago a los testigos electorales durante la primera vuelta presidencial”, se lee en el salvamento de voto.
Por lo anterior, “se puede señalar que la triangulación de recursos a través de Fecode para Colombia Humana y luego para Ingenial Media, y finalmente a los testigos electorales, constituye, conforme a las reglas de la experiencia, un mecanismo de ingeniería financiera orientado a desviar el origen real del aporte y a eludir el reporte a Cuentas Claras”.
Y añadió: “El rastreo de este instrumento de pago revela una cadena de intermediaciones diseñada para alejar visualmente los recursos de la fuente prohibida y disimular su vinculación real con la campaña presidencial”, estimó Arizabaleta.
Otro tema que tiene inquieta a la congresista e investigadora es el ocurrido entre la campaña presidencial y la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).
El Pacto Histórico contrató el servicio aéreo para movilizar al entonces candidato presidencial a nivel nacional con dicha empresa. “El Consejo Nacional Electoral evidenció discrepancia sustancial entre los valores reportados por concepto de transporte aéreo y los valores reales de los fletamentos. Sadi expidió facturas originales y, con posterioridad, las anuló mediante las notas de crédito NC31 y NC32, emitiendo facturas sustitutivas de valores sustancialmente menores”, se lee.
Según el documento, la comparación entre los registros de la Aeronáutica Civil, que certifica los vuelos operados efectivamente, las rutas, las fechas, las aeronaves y las facturas presentadas al CNE, “ofrece un elemento de prueba objetivo de que los valores reportados no corresponden a la realidad”. Los valores ocultados por ese concepto fueron: 1.249 millones de pesos en la primera vuelta y 962 millones en la segunda.
Como si fuera poco, tampoco hay claridad sobre el aporte de 600 millones de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña Petro Presidente. Entre el 8 y el 9 de junio de 2022, días antes de la segunda vuelta electoral, se aprobó mediante proposición interna en la USO el giro del dinero para “reforzar la segunda vuelta electoral”.
Ese aporte —según se observa en el salvamento de voto— no aparece en el sistema Cuentas Claras, lo que configura una omisión deliberada de información contable ante la autoridad electoral.
“La proximidad temporal entre la asamblea de la USO (8 y 9 de mayo) y la segunda vuelta (19 de junio) excluye cualquier hipótesis razonable de que los recursos no hayan alcanzado a ser utilizados. Evidencia de que se trataba de recursos destinados a cubrir gastos para esa jornada específica”, manifestó.
La postura de Gloria Arizabaleta también la respaldaría Wilmer Carrillo, el otro investigador de Petro. En cambio, Alirio Uribe insiste en que el presidente debe absolverse.