El juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá admitió la acción de tutela interpuesta por la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, y por Gabriel Jaime Vallejo, director del Centro Democrático, contra el Decreto Legislativo 1390 de 2025, que declaró el estado de emergencia económica y social.
Según el auto citado por el despacho, las entidades accionadas —Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la DIAN— y los vinculados deberán pronunciarse en un término improrrogable de 24 horas.
El Decreto Legislativo 1390, firmado el pasado 22 de diciembre, declaró la emergencia económica y social por 30 días y autorizó al Gobierno a expedir decretos legislativos para atender la crisis fiscal que, según el Ejecutivo, se agravó tras el archivo del proyecto de reforma tributaria.
¿Qué pide la tutela?
En el escrito de tutela, Valencia y Vallejo sostienen que el Decreto 1390 vulnera derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y la participación política, y que, por su alcance —incluida la posibilidad de expedir decretos legislativos de carácter tributario—, desplaza competencias del Congreso de la República.
La demanda argumenta, además, que la Corte Constitucional está en vacancia judicial y, por tanto, no puede ejercer de inmediato el control automático de constitucionalidad que suele acompañar a este tipo de decretos.
El auto del Juzgado 27 avoca conocimiento de la acción y corre traslado a las entidades y vinculados para que ejerzan su derecho de defensa en 24 horas; no obstante, niega la medida provisional solicitada por los accionantes —es decir, no ordena la suspensión inmediata del decreto—, al considerar que, en el estado actual del trámite, no se acredita un perjuicio “irremediable” que haga indispensable la adopción de una medida urgente. El despacho precisa que las eventuales afectaciones alegadas serán analizadas en la decisión de fondo.
Paloma Valencia es senadora y figura como candidata presidencial del Centro Democrático; Gabriel Vallejo aparece en el documento como director del partido.
El Centro Democrático difundió la acción de tutela y altos dirigentes del partido respaldaron la iniciativa, que ha sido presentada como un recurso jurídico inmediato ante la imposibilidad de control directo por parte de la Corte Constitucional en este momento.
El auto dispone vincular como partes a la Corte Constitucional y al Congreso de la República para que presenten excepciones y pruebas relacionadas con los hechos expuestos por los demandantes. Si las entidades accionadas no responden dentro del plazo de 24 horas, el juez podrá entender por ciertos los hechos y proseguir la tramitación de la tutela con la información disponible, salvo que estime necesaria otra indagación previa.