Tras su posesión presidencial, el viernes 7 de agosto, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronunció su primer discurso como mandatario. Durante su intervención, habló sobre una de las principales propuestas que marcaron su campaña: la construcción de megacárceles. En ese sentido, señaló que el fortalecimiento de la política penitenciaria será uno de los ejes de su estrategia de seguridad.
En su discurso ante los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el jefe de Estado confirmó que el Gobierno impulsará la construcción de centros penitenciarios destinados a recluir a los delincuentes considerados de mayor peligrosidad. La iniciativa busca, según lo planteado por el mandatario, reforzar el control sobre los internos y reducir las amenazas desde las cárceles.
Además, la propuesta contempla la construcción de siete centros penitenciarios de máxima seguridad durante el periodo de gobierno 2026-2030. De acuerdo con el plan presentado por el presidente, estas megacárceles estarían diseñadas para impedir las comunicaciones ilegales de los internos. La estrategia toma como referencia un modelo implementado actualmente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026
“La autoridad, queridos compatriotas, tampoco termina con la captura de los delincuentes. En mi Gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo. Militares y policías, tengan la certeza de que este Gobierno los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia; se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”, señaló el jefe de Estado.
Aunque el presidente Abelardo de la Espriella reiteró que la construcción de megacárceles será una de las prioridades, durante el anuncio no se dieron a conocer detalles fundamentales sobre el proyecto.
Hasta el momento, no se ha precisado en qué lugares del país estarán ubicados estos centros penitenciarios, cuándo comenzarían las obras, cuáles serían los mecanismos de financiación ni cuál será la capacidad exacta de cada establecimiento. Estos aspectos deberán ser definidos en etapas posteriores, al igual que los posibles cambios que la iniciativa pueda generar en el funcionamiento del sistema carcelario colombiano.