Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, alerta de aumento del 30% de grupos armados en el país desde 2022

En medio del Congreso Nacional Agropecuario de 2025, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, hizo una minuciosa revisión de la ruralidad en el país y las complejidades que enfrenta, especialmente en las zonas más apartadas.

Ibáñez alertó de la presencia y crecimiento de los grupos armados ilegales, que se apalancan principalmente del negocio del narcotráfico para mantener sus economías ilícitas, lo que estaría afectando a los colombianos en el campo y, por lo tanto, sus derechos.

“En medio de este problema estructural de orden público interno y en consecuencia de ausencia de paz, convivencia y tranquilidad, entre 2022 y 2024, Colombia enfrenta un aumento de más del 30% en presencia de grupos armados de toda clase, con tendencia a incrementarse dramáticamente”, aseguró.

El magistrado del alto tribunal agregó que esto deja a merced de los grupos armados ilegales a los ciudadanos.

Ibáñez habló del aumento de la presencia de grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en gran parte del territorio colombiano, según lo ha registrado la misma Defensoría del Pueblo a través de distintas alertas tempranas.

“En efecto, desde hace varios años los grupos armados que han creado corredores de movilidad estratégicos entre el nudo de Paramillo, el Macizo Colombiano, Sumapaz y Catatumbo, retomando áreas del Huila y Tolima y expandiendo y ampliando su presencia delictiva y su acción en más territorio rural y urbano cometiendo infracciones sistemáticas al DIH”, mencionó el presidente de la Corte Constitucional.

Otra de las problemáticas que alertó fue el reclutamiento de menores de edad, el confinamiento y el desplazamiento forzado, pues a diciembre de 2023 el Registro Único de Víctimas (RUV) reportaba 8,57 millones de personas desplazadas.

“Solo en el primer semestre de 2024 se registraron 96.844 personas desplazadas, especialmente en el corredor del Pacífico y sur del país. En el primer semestre de 2025 se produjo el mayor desplazamiento forzado en un área del territorio nacional: más de 60.000 personas”, afirmó.

Ibáñez alertó que estas problemáticas no estarían dejando avanzar a los colombianos en la ruralidad.

El magistrado recordó con detalle lo que estableció la Constitución de 1991 con respecto a un marco constitucional en el que se debe basar una política rural en el país. Destacó la especial protección del agro y del campesinado que allí quedó consignada y en sentencias posteriores del alto tribunal.

Ibáñez habló de lo que debería hacer el próximo gobierno en materia de ruralidad. “El reto para 2026–2030 y ojalá para el período 2030-2050 debe ser consolidar una alianza estratégica entre el Estado, el campesinado y la agroindustria, orientada por la Constitución y respaldada por políticas públicas coherentes”.

Según dijo, esa alianza exige que haya seguridad, infraestructura, conectividad, créditos justos; que se impulse la ciencia, la tecnología, la asistencia técnica y que haya un entorno estable y predecible. “También exige confianza mutua, respeto por las diferencias y reconocimiento del aporte de cada actor”, mencionó el magistrado.