Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, respondieron desde Medellín a las denuncias que ha realizado SEMANA sobre algunas gestiones que ha adelantado la fiscal Luz Adriana Camargo.

Esta casa editorial alarmó por la existencia de un cartel en el ente de acusación que estaría dedicado al tráfico de información privilegiada en casos de lavado de activos. Al parecer, se solicitarían hasta 200 millones de pesos por detalles de las investigaciones y las órdenes de captura.

También se reveló una polémica resolución firmada por uno de los funcionarios de confianza de Camargo, en que se correría un riesgo de impunidad en expedientes de trascendencia nacional. Y se recogieron versiones que dan cuenta de una posible intervención de la fiscal en el proceso que se adelanta sobre supuesta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El presidente del Consejo de Estado reconoció que esta información inquieta a la ciudadanía: “El baluarte fundamental de la justicia es la confianza púbica. Yo creo que cualquier señalamiento que se haga a un magistrado o a la fiscal general de la Nación impone la necesidad siempre de dar las explicaciones necesarias para efectos de que la ciudadanía quede tranquila, que las sindicaciones que se hacen o los señalamientos no corresponden a la realidad”.

Frente a los cuestionamientos a la Rama Judicial, manifestó: “Entendemos que siempre habrá descalificaciones a nuestra labor, fundadas, básicamente, en el hecho de que las decisiones de los jueces no están para ser aplaudidas socialmente. Si así fuera, estaríamos agenciando unos derechos en función del beneplácito social, y esa no es la labor nuestra. Si hay alguna equivocación, conductas delictivas, deben denunciarse con las pruebas”.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, corporación que eligió a Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, comentó que cualquier ciudadano tiene derecho a expresar opiniones y posturas distintas, pero debe hacerlo por canales especiales que están diseñados: “Si hay inquietudes frente al comportamiento de un funcionario público, lo normal, lo que legalmente está señalado, es acudir a los organismos receptores de la debida denuncia e investigadores de los hechos, que serán los que tendrán la última palabra para decidir, definir y para aclararle al país que a alguien inquieta”.