La Procuraduría General de la Nación prendió las alertas frente al proyecto de decreto con el que el Ministerio de Trabajo busca modificar las reglas de funcionamiento de las Empresas de Servicios Temporales (EST), al advertir que algunos cambios podrían poner en riesgo miles de empleos formales en el país.
Las observaciones fueron enviadas por escrito al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, luego de la publicación del borrador del decreto que ajusta el Decreto 1072 de 2015, que regula el sector trabajo.
Según explicó el Ministerio Público, su intervención responde a la necesidad de proteger el empleo formal y garantizar que las decisiones reglamentarias no generen efectos negativos sobre los trabajadores.
De acuerdo con cifras recientes citadas por la Procuraduría, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y hoy mantienen vinculados a 474.188 trabajadores en misión.
Esta cifra representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia, lo que convierte a este modelo laboral en un actor relevante dentro del mercado de trabajo.
En ese contexto, el ente de control advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían afectar la estabilidad de estos empleos. En particular, señaló que no sería conveniente restringir el trabajo en misión exclusivamente a actividades que no hagan parte del objeto principal de las empresas usuarias.
También expresó reparos frente a la propuesta de fijar un límite del 10 % al personal contratado bajo esta modalidad, al considerar que dicha medida podría afectar la operación de las empresas y la continuidad de los puestos de trabajo.
Como salida preventiva, la Procuraduría propuso la creación de una mesa técnica en la que participen el Gobierno, las empresas y otros actores del mercado laboral, con el fin de discutir los alcances del decreto y evaluar sus impactos reales.
El Ministerio de Trabajo acogió estas observaciones y aceptó conformar la mesa técnica, que será liderada por la Procuraduría y tendrá como objetivo acompañar el proceso reglamentario y proteger la estabilidad laboral de más de 474.000 trabajadores que podrían verse afectados por los cambios propuestos.
