La EPS Emssanar, a través de un comunicado, denunció “una serie de acciones judiciales irregulares de carácter sistemático y calculado”, las cuales según la empresa, “conforman un cartel de embargos diseñado con la intención expresa de provocar la liquidación de la EPS”. Un mismo patrón que según esta entidad prestadora de salud, “condujo a la liquidación de Medimas y Coomeva”.
En ese sentido, Emssanar quiere señalar lo que llama “prácticas irregulares” en la que estarían participando “abogados, jueces y prestadores”, lo que representa “un riesgo de impacto máximo para los 1.7 millones de afiliados de esta EPS en los cuatro departamentos del suroccidente del país”.
Dicho impacto, agrega, “afecta la continuidad de los servicios para los afiliados, restringe el flujo de recursos a la extensa red de más de cuatrocientas clínicas y hospitales vinculados a la entidad, así como a los proveedores, a más de mil quinientos empleados directos y un aproximado de 100.000 empleos indirectos, lo que podría significar la afectación socio económica de más de 400.000 personas de manera directa”, detallan en el comunicado.
De acuerdo con Emssanar, este ‘cartel de embargos’ “va en contra de las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, que determinó la medida de intervención forzosa administrativa para gestionar la EPS con el propósito de evaluar su viabilidad y garantizar su continuidad operativa. El éxito de este cartel de embargos, diseñado para favorecer intereses individuales, inevitablemente desencadenará una crisis social y económica en los 102 municipios donde opera la EPS.
La denuncia de la entidad apunta que de dicho cartel participan hasta “jueces de la República, en aparente complicidad con redes de prestadores con carteras previas a la medida de intervención, y con glosas aplicadas por deficiencias en la prestación de los servicios de salud”.
En dialogo con Caracol Radio el agente especial de Emssanar, Luis Carlos Arboleda, se refirió a la compleja situación a la que hoy se enfrentan en aras de sacar a adelante a la intervenida EPS, debido a sistemáticas acciones judiciales con las que se ha embargado las cuentas de la entidad por pagos que corresponden a deudas anteriores al proceso de intervención.
Arboleda indicó que “algunos jueces están actuando en contra de lo que establece la norma, y por lo tanto las deudas anteriores a la intervención no pueden ser cobradas a través de esta modalidad”.
Explicó que entre diciembre de 2023 y los meses de enero y febrero de este año, se han registrado embargos por sumas exorbitantes que “acorralan a la empresa”. Además, se ha debido negociar varios pagos para evitar que derive en una crisis financiera y con ello se termine afectando la prestación de importantes servicios como oncología, atención a pacientes con VIH y maternas, entre otros.
El caso más reciente tiene que ver con una medida cautelar por treinta mil millones de pesos, de los cuales solo tres mil millones son deudas posteriores a la intervención.
El funcionario señaló que se ha logrado corroborar una actuación sistemática del abogado apoderado de la clínica a la que se le adeuda los dineros, con otras entidades prestadoras de salud.
Los casos, dice, ya han sido puestos en conocimiento de entes relacionados con disciplina judicial, así como el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría.