El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, expidió el Decreto 380 de 2026, mediante el cual se establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales con el fin de fortificar alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz.
La medida, indicó el Ministerio de Salud, busca prevenir y reducir deficiencias nutricionales que afectan a millones de colombianos, fortaleciendo la salud pública y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.
A partir de ahora, productos de consumo diario como el pan (elaborado con harina de trigo), las arepas (elaboradas con harina de maíz) y el arroz tendrán vitaminas y minerales añadidos durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas.
Esto significa que, sin cambiar sus hábitos alimenticios, las personas recibirán nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar.
El decreto fue diseñado con base en metodologías internacionales que permiten identificar alimentos de alto consumo y definir niveles seguros y eficaces de vitaminas y minerales, garantizando su impacto en la población.
Además:
• Se utilizan compuestos de alta absorción por el organismo.
• No se altera el sabor, olor ni apariencia de los alimentos.
• Se articula con otros programas para evitar consumos excesivos.
Esta estrategia ha sido implementada en más de 80 países, donde ha demostrado ser una de las intervenciones más costo-efectivas para mejorar la nutrición.
El Análisis de Impacto Normativo AIN, indicó el Ministerio de Salud, evidencia que la medida tiene un alto potencial de beneficio para la salud pública, ya que podría aportar hasta el 68% del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes.
Estos efectos podrían traducirse en una reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, así como en mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, al tiempo que contribuirían a aliviar la presión sobre el sistema de salud. Desde el punto de vista económico, la implementación implicaría costos mínimos, entre el 0,3 % y el 2,5 % del costo de producción, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión.
El Decreto 380 de 2026 se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la política de seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en hambre cero y salud y bienestar.