El sacrificio de al menos unos 15.000 perros callejeros en una perrera privada de Rumania en un periodo de dos años ha conmocionado al país y ha encendido el debate en torno a un sistema rodeado de controversias y vacíos.
Se trata de una práctica que no solo expone situaciones de crueldad extrema, sino que también apunta a posibles irregularidades en el uso de recursos públicos destinados al control de la población canina.
Este escándalo ha puesto nuevamente sobre la mesa un problema estructural que se registra desde hace décadas. Se calcula que, en los últimos 25 años, alrededor de 1,5 millones de perros han sido sacrificados en el país, una cifra que pone en evidencia la dimensión y gravedad de una situación que parece estar fuera de control.
Se dice que en este país la proliferación de perros callejeros se remonta a la época comunista (1945-1989), cuando barrios enteros fueron demolidos y muchos de sus propietarios se mudaron sin sus animales, los cuales se multiplicaron sin control.
No hay solución efectiva
Desde ese momento, se han puesto en marcha estrategias que combinan la captura, la esterilización y el sacrificio de animales, sin que hasta ahora se haya logrado una solución efectiva.
Las estimaciones actuales apuntan a que cerca de medio millón de perros continúan sin hogar. Mientras avanza la investigación policial sobre la perrera, una petición respaldada por más de 200.000 personas exige poner fin a las matanzas en este tipo de instalaciones.
Según se ha dado a conocer, la perrera firmó más de un centenar de contratos con municipios para la captura de perros en condición de calle y, con el objetivo de liberar espacio, sacrificaba rápidamente a los animales recibidos. Esta práctica contrasta con la ley vigente, que establece que la eutanasia debe ser el último recurso y solo aplicarse bajo condiciones estrictamente necesarias.
Ante esta situación de crueldad, organizaciones de protección animal reclaman que se adelanten campañas masivas de esterilización, registro con microchip y promoción de la adopción, para evitar que estos animales sigan proliferando en las calles y al final sean sacrificados.
Para los animalistas y otras organizaciones en favor de la vida, la solución no es capturar y matar, sino prevenir el problema y por ello plantean que se realicen reformas urgentes al sistema.
La preocupación es mayor porque se cree que el caso que se ha dado a conocer no sería un hecho aislado, sino el reflejo de una problemática estructural que aún no encuentra solución, por lo que insisten en el cierre de estos sitios considerados de exterminio.