El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno nacional expedir los lineamientos para la tenencia responsable de animales en los lugares de trabajo, una obligación contemplada en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. La decisión establece un plazo máximo de tres meses para que los ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social cumplan con esta disposición.
La orden se produjo tras la actuación judicial impulsada por SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., a través de su director jurídico, Carlos Mario Salgado Morales, y de Jhonathan Felipe Córdoba Fajardo, quienes acudieron a la justicia ante el incumplimiento de los plazos previstos para desarrollar la regulación.
El artículo 56 de la Ley 2466 de 2025 contempla la posibilidad de que los empleadores autoricen el ingreso de perros y gatos como parte de sus políticas de bienestar laboral. También establece disposiciones para el acceso de animales de asistencia, apoyo emocional o uso terapéutico, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.
Los lineamientos que deberán expedir las entidades incluirán aspectos relacionados con la salud animal, la bioseguridad, la convivencia, las responsabilidades de empleadores y trabajadores, y la atención de emergencias o conflictos.
La decisión judicial busca establecer las condiciones para aplicar estas disposiciones en los entornos laborales. Sin embargo, no constituye una autorización general e inmediata para que los trabajadores lleven sus mascotas al trabajo, pues el ingreso deberá ajustarse a las reglas que se expidan.
Orden para reglamentar el registro de plataformas de reparto
En una decisión adicional, el Tribunal ordenó al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reglamentar, también en un plazo máximo de tres meses, la coordinación necesaria para implementar el registro de las empresas de plataformas digitales de reparto.
El artículo 28 de la Ley 2466 de 2025 establece que estas empresas deben inscribirse ante el Ministerio del Trabajo e informar trimestralmente el número de trabajadores activos, tanto dependientes como independientes.
La ley fijó un plazo de doce meses para desarrollar esta regulación, que venció el 25 de junio de 2026. La orden judicial busca que las entidades definan los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el sistema, sin modificar las obligaciones establecidas por el legislador ni determinar por sí misma la situación laboral de los repartidores.