Guido Kuck es un ciudadano alemán que hace varios años se enamoró de Colombia, una historia más de un extranjero que se encanta con el país y su sabor caribe. Sin embargo, esta tiene sus matices, pues en 2018 Kuck compró dos propiedades en el conjunto residencial Villa Campestre, de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla. El pago fue de 500 millones de pesos a la constructora Grama. Dos años después, no ha podido pagar los impuestos que le corresponden.
Kuck viaja con alguna regularidad a Colombia desde 2015, y dice que fiel a su educación, ha buscado pagar sus deberes con la Nación, como corresponde. Lo primero que hizo fue acercarse a la Alcaldía de Puerto Colombia, pero allí le dijeron que sus escrituras no correspondían a dicho municipio, pese a que los dos apartamentos están localizados allí; después visitó la Alcaldía de Barranquilla, pero obtuvo la misma respuesta. La peregrinación del alemán llegó hasta el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB), donde se sorprendieron de su caso, pero no le pudieron ayudar.
La primera inconsistencia que encontró Kuck fue que la información catastral que tenía no le entregaba recibos de pago de manera virtual. “Debido a esto, me comuniqué con la oficina de impuestos en Puerto Colombia y me despidieron explicando que ya no eran responsables de este edificio. Me entregaron una carta donde decían que el AMB es la responsable, aunque la escritura la emite Puerto Colombia. También me comuniqué con la Alcaldía de Barranquilla y me dijeron que Puerto Colombia era el responsable”, le dijo Kuck a SEMANA, quejándose por todas las vueltas que ha tenido que dar, en un trámite que debería ser sencillo y rápido.
Por medio de correo electrónico, el ciudadano extranjero se dio cuenta de un problema mayor: tenía que desenglobar la propiedad. SEMANA tuvo acceso a algunos correos donde la AMB solicita, para que él pueda pagar los impuestos, cosas tan inverosímiles como “los planos georreferenciados aprobados por Curaduría u Oficina de Planeación, o quien haga sus veces, y protocolizados, en caso de disponer de estos”; “los planos de planta deben identificar las segregaciones y agregaciones a escala original”. El problema, entonces, se le hizo insoportable a Kuck, pues se enteró de que todo el lío empieza con la constructora, que no realizó el desenglobe de la propiedad horizontal.
La constructora Grama tiene denuncias añejas porque no ha terminado varios proyectos inmobiliarios. Se trata de decenas de denuncias por obras que ha dejado a medio camino –es el caso del conjunto residencial Villa Campestre–, y muchos propietarios se quejan porque comunicarse con los directivos de la misma es casi imposible. SEMANA trató de entablar diálogo con Grama, pero no fue posible.
Kuck también dijo: “Un vecino pagó impuestos en una oficina de la Alcaldía de Barranquilla, pero es extraño porque bajo ese número catastral se registra otro inmueble ubicado en Barranquilla, un inmueble estrato 1 y que el dueño es el constructor. Lo más raro es que la AMB dice que los números catastrales que tenemos no existen”.
Después de insistir, Kuck obtuvo una respuesta de la Alcaldía de Barranquilla, donde le decían que su inmueble sí estaba registrado en dicho municipio aunque con una dirección de Puerto Colombia, muy cerca a los apartamentos de su propiedad: “Es una propiedad estrato uno y los apartamentos son estrato tres. No tengo la menor idea de por qué sale esa dirección. Es muy extraño que si la propiedad está en Puerto Colombia, aparezca registrada en Barranquilla”.
Hasta el momento, Kuck no tiene solución para su problema: “No quiero que me impidan la entrada o salida del país por evasión de mis obligaciones tributarias”. El ciudadano alemán se lamenta porque los problema con el inmueble se veían venir: “Cuando compré de contado, se demoraron mucho para entregarme los apartamentos. Uno buscaba a los constructores y no contestaban los teléfonos. Ahora tengo el inmueble, pero el registro de catastro no aparece, y el conjunto residencial ni siquiera está terminado”.
Cada vez son más los ciudadanos, locales y extranjeros, que tienen problemas con constructoras e inmobiliarias. Sus quejas son apenas ecos en los despachos judiciales, ¿cuándo se va a actuar?