La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) emitió un comunicado para responder a las dudas surgidas en torno a su participación en la ejecución de recursos públicos. En su posición oficial, la organización sostuvo que todas sus actuaciones se desarrollan dentro del “marco normativo vigente” y que su labor responde a “requerimientos de entidades estatales”.
La reacción se produce luego de la publicación de una investigación de La Silla Vacía en la que se relaciona a la entidad con una serie de convenios y contratos suscritos con diferentes instituciones del Estado por montos superiores a los $150.000 millones. De hecho, SEMANA, en agosto de 2023, publicó una investigación en la que analizó su crecimiento en la contratación estatal en Colombia, donde pasó a manejar más de 123.000 millones de pesos en 2023 a través de múltiples contratos con entidades públicas.
Precisamente, el esquema de funcionamiento de Aldesarrollo ha sido objeto de análisis, pues los fondos se canalizan mediante convenios directos y su ejecución puede ser realizada por terceros bajo reglas del derecho privado, lo que ha generado inquietudes sobre la supervisión y el control del gasto.
En su pronunciamiento rechazó las acusaciones que, para la empresa, ponen en duda su actuar: “Este tipo de estigmatizaciones impacta de forma grave la reputación institucional construida con base en el esfuerzo técnico y la transparencia, desnaturalizando el rol de una entidad pública cuyo fin primordial es aportar soluciones de alto impacto que transformen la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de nuestro país”.
Aldesarrollo negó de manera categórica cualquier irregularidad en su gestión contractual y afirmó que “jamás, bajo ninguna circunstancia, esta institución ha violado ni omitido el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación pública en Colombia”.
Sobre los convenios firmados, explicó que corresponden a necesidades identificadas por entidades públicas: “Cada convenio y contrato suscrito por la entidad responde estrictamente a necesidades reales del Estado y se ejecuta bajo la rigurosa observancia de los principios de transparencia, eficiencia, idoneidad y estricta legalidad”.
Finalmente, la empresa indicó que “tenemos total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes”.