El Partido Cambio Radical informó este 14 de julio que presentó una recusación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández, con el fin de que se aparte del conocimiento, discusión y votación del proceso mediante el cual se definirá la adjudicación de la última curul a la Cámara de Representantes por el departamento de Cundinamarca.
De acuerdo con el partido, la recusación se fundamenta en que la magistrada “se desempeñó como secretaria general y de gobierno del municipio de Cota durante la administración de Campo Alexander Prieto García”, quien, según indicó, hace parte de la controversia electoral que deberá resolver el CNE.
Cambio Radical sostuvo que ese cargo “era de libre nombramiento y remoción, implicaba una relación de confianza, subordinación jerárquica y estrecha colaboración con el entonces alcalde”, por lo que considera necesario “preservar la transparencia, independencia y credibilidad de la decisión que adopte el CNE”.
En el documento, el partido recordó que “el artículo 29 de la Constitución Política consagra la imparcialidad como una garantía esencial del debido proceso” y que los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establecen el régimen de impedimentos y recusaciones para proteger la objetividad de las actuaciones administrativas.
Asimismo, señaló que la solicitud “no constituye un cuestionamiento a la integridad personal de la magistrada”, sino que busca garantizar que la decisión sobre la credencial sea adoptada por “un funcionario respecto del cual no exista ninguna circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre su independencia e imparcialidad”.
Como parte de la recusación, Cambio Radical solicitó a la Sala Plena del CNE declarar fundada la recusación, ordenar que la magistrada se aparte del conocimiento, discusión, elaboración de ponencias y votación relacionadas con el caso, y designar al magistrado o conjuez correspondiente.
El partido también recordó que presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández por el presunto delito de prevaricato.