Una de las constantes quejas de muchos ciudadanos tiene que ver con las fallas en su servicio de telefonía celular o los cobros no autorizados que le llegan en la factura.
Este hecho toma relevancia porque hoy en día tener celular se volvió casi que una obligación, no solo para la comunicación personal, sino empresarial. Muchas de las labores son asignadas a los trabajadores por medio del chat o de llamadas a su equipo móvil.
Se establece, por ejemplo, que si hay interrupción del servicio y el número de quejas es superior al 5 % de los usuarios en un solo día, habrá una sanción de 1.000 salarios mínimos mensuales, lo que equivale a cifras de hoy a cerca de 1.000 millones de pesos.
Si la empresa de telefonía hace cobros al usuario que este no ha autorizado, la sanción será de 2.000 salarios mínimos, es decir, 2.000 millones de pesos.
La multa es mayor si, como han denunciado algunos ciudadanos, el usuario desea terminar el contrato, pero la empresa le impone penalizaciones por esta decisión. En este caso, la multa será de 5.000 salarios mínimos.
Otra de las conductas que tienen altas sanciones según esta norma es la de cambiar las fechas de facturación y cobro pactadas inicialmente con el usuario o cuando hay modificación unilateral del contrato sin que el cliente lo autorice.
La iniciativa debe superar cuatro debates en el Congreso para convertirse en ley.