SEMANA conoció que la solicitud de revocatoria del mandato promovida contra la alcaldesa de La Mesa, Laura Londoño Rodríguez, no continuaría su trámite y sería archivada luego de que el comité promotor desistiera formalmente del proceso ante las autoridades electorales.
De acuerdo con la normativa vigente, los promotores contaban con un plazo de seis meses para reunir al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Esa cifra correspondía al 30 % de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones de 2023 y constituía el requisito inicial para que la iniciativa pudiera avanzar a las siguientes etapas.
Según la información conocida, la revocatoria no logró alcanzar ese umbral de apoyos ciudadanos. Aunque el comité promotor señaló razones relacionadas con el clima político del municipio, el proceso concluyó sin reunir el respaldo necesario para activar el mecanismo de participación.
La exigencia de un número mínimo de firmas busca demostrar la existencia de apoyo ciudadano suficiente antes de convocar una nueva jornada electoral, que implica la movilización de recursos institucionales y económicos.
Tras conocerse la decisión, la alcaldesa Laura Londoño Rodríguez se pronunció sobre el resultado del proceso y agradeció a los habitantes del municipio por la confianza depositada en su administración.
“Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios. Hoy quiero agradecer a los miles de mesunos que, de manera libre y democrática, decidieron no acompañar esta iniciativa. Nosotros continuaremos concentrados en consolidar el cambio en nuestro municipio”, afirmó la mandataria.
Con el desistimiento presentado por el comité promotor, las autoridades electorales deberán adelantar las actuaciones administrativas necesarias para formalizar el cierre definitivo del proceso.