SEMANA: ¿Cómo recibieron el incremento del 23% del salario mínimo para 2026?
MARÍA ELENA OSPINA: Desde Acopi lo recibimos con gran preocupación. Entendemos el propósito social, pero el salto de aproximadamente 23% se da en un contexto donde muchas micro y pequeñas empresas operan con márgenes estrechos y baja productividad. El salario mínimo quedó en 1.750.905 pesos y el auxilio de transporte en 249.095 pesos, para un total de $2.000.000 para quien lo recibe. Además, se fijó por decreto tras no lograrse acuerdo en concertación.
SEMANA: ¿Es válido el argumento del “salario mínimo vital” del Gobierno?
M.E.O.: Estamos de acuerdo en que Colombia debe aspirar a un ingreso que proteja la vida digna. El Gobierno lo enmarca como “salario vital” y lo asocia a canasta y poder adquisitivo. Pero como política pública debe ser progresivo y venir acompañado de un paquete serio de productividad y formalización; si no, el costo se traslada a menos empleo formal, más informalidad y más presión sobre precios.
SEMANA: Algunos analistas han calificado este aumento como “populista”. ¿Comparte esa opinión?
M.E.O.: Desde Acopi preferimos no ponerle etiquetas políticas: lo evaluamos por resultados. El punto técnico es que el incremento está muy por encima de la inflación esperada para 2026: el Banco de la República estimó 3,6% para diciembre de 2026, y el gobierno no tuvo en cuenta las variables técnicas que determinan el salario mínimo, tales como inflación y productividad.
SEMANA: El Gobierno dice que se compensa con mayor gasto de los hogares. ¿Esas cuentas dan?
M.E.O.: No necesariamente. Sí habrá impulso al consumo de quienes reciben el aumento, pero hay “fugas”.
SEMANA: Por ejemplo…
M.E.O.: El aumento aplica solo a un universo estimado de 2,5 millones de trabajadores, no para los más de 13,6 millones que ganan menos del salario mínimo, y los más de 10 millones que ganan un poco más del salario mínimo. Parte se puede ir a inflación y a ajustes empresariales (menos contratación, más informalidad, recorte de turnos). Y el mismo Banco de la República ha advertido que el mínimo puede incidir en la trayectoria de inflación.
SEMANA: ¿Qué implicaciones tendrá para las MiPymes este aumento?
M.E.O.: Para Acopi, el impacto real está en tres capas: la primera, costo directo; es decir, nómina de quienes están en mínimo. La segunda, efecto escalera: sube el mínimo y se comprime la escala salarial; hay que ajustar sueldos cercanos para retener talento. Y la tercera, indexación: contratos y tarifas que se mueven con el mínimo terminan amplificando el golpe.
SEMANA: Hoy, ¿cuántas empresas son MiPymes en Colombia? ¿Cuánto empleo generan y cuál es su aporte al PIB?
M.E.O.: En Colombia hay alrededor de 1,7 millones de empresas formales. Las MiPymes son 99,5% (91,5% micro, 6,2% pequeñas, 1,6% medianas y 0,5% grandes) del tejido empresarial formal, generan 79% del empleo y aportan entre el 35% y 40% del PIB.
SEMANA: Con ese panorama, ¿qué va a pasar con estos indicadores? ¿Cuántos empleos están en riesgo y cuántas empresas podrían desaparecer?
M.E.O.: Como gremio, Acopi es prudente con cifras “exactas” (porque dependen de ventas, inflación, crédito y velocidad de implementación), pero sí podemos decir que el riesgo principal es la menor creación de empleo formal y mayor informalidad en 2026, sobre todo en micro y pequeñas empresas; y otro importante es la inflación que supera ampliamente la inflación proyectada (3,6% a diciembre de 2026), lo que tensiona costos. Acá el tema no es solo cuántos empleos se pierden; es cuántos dejan de crearse y cuántos se informalizan.
SEMANA: ¿Cómo se articula esta decisión con la política de economía popular?
M.E.O.: La intención de mejorar ingresos es consistente con la narrativa de economía popular, pero el riesgo es contradictorio si no se facilita la formalización. Por eso Acopi insistiría en que la economía popular necesita: compras públicas efectivas, simplificación, formalización progresiva y crédito productivo, no solo aumentos de costos.
SEMANA: ¿Qué puede pasar con la estructura laboral de las MiPymes? ¿Se acelera automatización?
M.E.O.: Sí, se acelera, pero de forma desigual. En pequeñas con acceso a crédito, subirá la decisión de automatizar (caja, inventarios, turnos, ventas digitales). En las micro sin músculo financiero, el ajuste suele ser “defensivo”: menos turnos, más trabajo del dueño, tercerización e informalidad.
SEMANA: ¿Qué sectores se verían más afectados y cómo?
M.E.O.: Los más sensibles son los intensivos en mano de obra, con turnos extendidos y márgenes bajos. Comercio y servicios, por escala salarial y presión de precios; gastronomía, turismo, seguridad y aseo, por recargos y horarios; y manufactura ligera y confección, por competencia en precio. Y esto se agrava por el “coctel” regulatorio de recargos y jornada.
SEMANA: En ese sentido, además del mínimo, junto con la reforma laboral y la reducción de jornada, ¿qué efecto tiene este ‘coctel’?
M.E.O.: Cuando salario, recargos y jornada se mueven a la vez, la MiPyme no ajusta ‘contabilidad’: ajusta turnos, precios o empleo y sube el costo por hora efectiva.
SEMANA: El Gobierno ha mencionado un control de precios para que no se traslade a inflación: ¿es viable? ¿Qué impacto tiene en las MiPymes?
M.E.O.: El control de precios generalizado es riesgoso si no se corrige la indexación y no se protege la oferta. Lo que el Gobierno ha planteado es un decreto de desindexación y medidas de control. Desde Acopi preferimos desindexación técnica y focalizada, con reglas claras, antes que controles que terminen asfixiando márgenes, generando desabastecimiento o informalidad.
SEMANA: También se han anunciado líneas de crédito especiales para MiPymes: ¿buena noticia o más carga?
M.E.O.: Buena noticia si es crédito productivo; mala si es deuda para pagar costos estructurales. El Gobierno anunció líneas por más de $190.000 millones, incluyendo “Cadenas productivas MiPymes” con $143.000 millones.
SEMANA: ¿Qué pediría Acopi?
M.E.O.: Lo que pediría Acopi son tasas reales manejables, periodos de gracia, garantías y acompañamiento; y priorizar productividad (digitalización, eficiencia, tecnología), no solo capital de trabajo para “aguantar”.
SEMANA: ¿Cómo se impactará esto en un 2026 apalancado más en consumo que en inversión?
M.E.O.: Sin inversión y productividad, el consumo no se sostiene; y la MiPyme es quien paga el costo en caja y empleo. Sí puede subir consumo de corto plazo, pero si cae inversión y se frena empleo formal, el crecimiento se vuelve frágil. El Banco de la República mantiene foco en inflación/meta y ha señalado el rol del salario mínimo en expectativas.
En resumen, Acopi no se opone a mejores ingresos; se opone a que se pierda empleo formal. Pedimos un paquete de productividad y formalización (menos costos de formalidad, trámites, e incentivos reales). Desindexación técnica sí; control de precios sin oferta no. Crédito sí, pero para modernizar y producir; no para endeudarse a pagar nómina estructural. Implementación gradual y diálogo real con sectores intensivos en mano de obra, y la prioridad 2026: proteger el motor del empleo, la MiPyme.
