Cuando ya el país se alistaba para despedir el 2025 y recibir el nuevo año, el Gobierno pateó el tablero en materia económica. Primero, con un incremento desbordado del salario mínimo, muy por encima de la inflación y la productividad. Con el argumento del salario vital mínimo, hizo el aumento más alto en la historia reciente, cercano al 23 por ciento.
Luego anunció las medidas de la emergencia económica tras el hundimiento de su ley de financiamiento en el Congreso. Con ellas busca recursos por más de 10 billones de pesos para ajustar el presupuesto general para 2026. Y, por si fuera poco, realizó una operación de deuda por más de 23 billones de pesos a un solo oferente y a una de las tasas más altas del mercado, que supera el 13 por ciento.
Estas decisiones han replanteado las expectativas en materia económica para 2026, en especial en la inflación, el desempleo y el frente fiscal, cuando el país se alista para un año electoral en el que se elegirán a los nuevos integrantes del Congreso y al sucesor (o sucesora) de Gustavo Petro en la Presidencia de la República.
Además, en medio de la expectativa que se ha generado en la relación con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y el desescalamiento de las tensiones con la Casa Blanca.
La mayor preocupación ha surgido por el elevado incremento del salario mínimo para 2026 decretado por el Gobierno. Superó, de lejos, las expectativas de los mismos sindicatos, que en la negociación habían planteado un techo de 16 por ciento, mientras que los empresarios y gremios llevaron a la mesa de concertación un aumento cercano al 7 por ciento.
Con el incremento decretado por el Gobierno, el salario mínimo queda en 2 millones de pesos, sumado el auxilio de transporte, mientras que para el empleador el costo laboral de cada trabajador con salario mínimo se aumenta a 3 millones de pesos, con prestaciones sociales.
Esto genera, a juicio de los expertos, una cascada de efectos en el campo económico. Primero, en materia de inflación. Antes de esta decisión, e incluso con un incremento que se estimaba cercano al 12 por ciento en el salario mínimo, el índice de precios al consumidor (IPC) se calculaba apenas por debajo del 5 por ciento, una cifra menor a la de 2025, pero aún lejos del rango meta del Banco de la República, que se ubica entre el 2 y el 4 por ciento.
Ahora, con el incremento del salario mínimo, el impacto en la inflación se reflejará al alza. Por ejemplo, según un análisis del Grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, el aumento en el salario mínimo se trasladaría a los precios al consumidor durante 2026 a través de tres principales canales. En primer lugar, elevaría los costos laborales de las empresas, en particular en sectores formales e intensivos en trabajo, presionando al alza los precios finales.
Segundo, el mayor ingreso de los hogares que devengan alrededor de un salario mínimo sostendría el consumo, en particular en servicios, en los que la desinflación suele ser más lenta. Tercero, el salario mínimo actúa como ancla para otros salarios, contratos y tarifas, reforzando los mecanismos de indexación y estableciendo un piso en la formación de precios, que retrasa la convergencia hacia la meta inflacionaria.
“La evidencia empírica para Colombia respalda estos canales. Algunos estudios del Banco de la República sugieren que por cada 100 puntos básicos de incremento en el salario mínimo por encima del umbral teórico se generan aceleraciones en la inflación total de hasta 14,4 puntos básicos.
Dada la brecha entre el ajuste definido para 2026 y el referente técnico, las presiones alcistas por esta vía podrían añadir cerca de 242 puntos básicos adicionales a la inflación observada”, dice Cibest. Es decir, la inflación podría ubicarse al cierre del año en un escenario de entre 6 y 8 por ciento, completando seis años sin alcanzar el rango meta del Banco de la República.
En consecuencia, el Gobierno advirtió sobre la expedición de un decreto para el control de precios y evitar el aumento en la inflación. Corficolombiana indica que el alto incremento del salario mínimo cambia de forma significativa el panorama macroeconómico de 2026, particularmente en materia de inflación, tasas de interés y déficit fiscal.
Anticipa que la inflación aumentará como mínimo a 6,5 por ciento en 2026, es decir, alrededor de 160 puntos básicos por encima de su pronóstico anterior, como resultado de la mayor indexación de precios con el salario mínimo. Además, la situación conduciría al Banco de la República a subir la tasa de política monetaria entre 250 y 300 puntos básicos en 2026, muy por encima de los 50 puntos que calculó inicialmente.
Un análisis de Credicorp Capital establece que el incremento del salario mínimo llevará la inflación por encima del 6 por ciento al cierre de 2026, cuando antes se estimaba en 4,6 por ciento. Además, tendrá un efecto sobre las tasas de interés, pues antes de la decisión se anticipaba una tasa inalterada durante la mayor parte de este año.
“Ahora esperamos que el banco central eleve la tasa repo en las próximas reuniones hasta alcanzar un registro cercano al 11 por ciento, nivel en el que se mantendría hasta el cierre de 2026. En general, considerando que el principal propósito del aumento de tasas sería anclar las expectativas de inflación, es altamente probable que se produzcan al menos uno o dos movimientos de 50 puntos básicos”, calcula la entidad.
De hecho, algunos miembros de la Junta Directiva del Emisor, desde antes de conocerse el aumento del salario mínimo para 2026, y en las minutas de las reuniones, se habían planteado la necesidad de aumentar las tasas de interés, pues la inflación se había estancado en niveles superiores al 5 por ciento, mientras la tasa se había mantenido estable en 9,25 por ciento desde abril del año pasado.
El segundo frente es el mercado laboral, en momentos en que el desempleo se ha ubicado en mínimos históricos cercanos al 7 por ciento. El Grupo Cibest, citando estimativos del Banco de la República, asegura que los incrementos reales del salario mínimo reducen la creación de empleos formales: cada punto porcentual adicional en el salario mínimo disminuye en una magnitud similar las contrataciones.
“Esto limita la demanda laboral y dificulta reducir la informalidad (55,8 por ciento, en promedio, durante 2025). Como resultado, los incrementos elevados del salario mínimo incentivan la creación de empleos de baja calidad y menores aportes a salud y pensiones. Además, el aumento definido para 2026 presiona la estabilidad de las empresas pequeñas al elevar costos y restringir su capacidad de contratación, lo que incrementa los desafíos para la formalización laboral y la competitividad”, advierte el análisis de ese grupo financiero.
Para el exministro José Manuel Restrepo, Colombia tiene cerca de 24 millones de ocupados, pero de ellos casi 14 millones son informales. “Buena parte de estas personas reciben menos de un salario mínimo. En Colombia solo reciben un salario mínimo cerca de 2.400.000 personas. Este tipo de medidas lleva a que aumente la cantidad de personas que viven en la informalidad recibiendo menos de un salario mínimo”.
Asimismo, tal incremento impacta el precio de las viviendas de interés social y las de interés prioritario, pues sus valores están indexados con los aumentos del salario mínimo, lo que impediría que muchas familias logren su cierre financiero.
El otro efecto es fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que el incremento de 23 por ciento en el salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno, aumentaría para este año el déficit fiscal en, al menos, 5,3 billones de pesos, lo que representa 0,3 por ciento del PIB, y en 8 billones de pesos (0,4 por ciento del PIB) de 2027 en adelante.
“El mayor déficit fiscal aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la regla fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, alerta el comité.
Ahora bien, si el incremento del salario mínimo ha encendido las alarmas, otras banderas rojas siguen ondeando en el panorama económico: las que reflejan la profunda preocupación en materia de las cuentas fiscales del Gobierno.
Ya a finales del año pasado Fitch Ratings rebajó la calificación de Colombia debido a déficits fiscales persistentes y un aumento proyectado de la deuda, a pesar de mejoras esperadas en el crecimiento del PIB y la gestión fiscal.
La calificadora señaló que los déficits fiscales elevados llevarán a que la deuda del Gobierno general como proporción del PIB continúe aumentando, en un contexto marcado por la ausencia de un ancla fiscal creíble, mayores rigideces del gasto y posibles restricciones políticas para adoptar medidas que incrementen los ingresos.
Según Fitch, estos factores dificultarán la consolidación fiscal después de las elecciones presidenciales de 2026, independientemente de quién resulte electo.
El área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá dice que la reducción en la calificación crediticia del país se dio ante el deterioro de las finanzas públicas. Para la entidad, el déficit fiscal finalizaría 2026 en 7,5 por ciento del PIB, “el nivel más alto desde la pandemia, dados los nulos ajustes de gasto o ingresos de la nación”.
A su vez, José Ignacio López, presidente de Anif, subrayó que las finanzas públicas se han deteriorado en un momento en que no hay crisis económica que lo explique. “De hecho, es el peor desempeño fiscal en cerca de 30 años”.
Ante la negativa del Congreso de sacar adelante la ley de financiamiento para cuadrar las cuentas del presupuesto general de la nación, el Gobierno anunció la emergencia económica con vigencia de 30 días. Con esta medida, el Ejecutivo podrá aumentar la carga tributaria de manera transitoria para financiar el gasto de 2026.
Aunque para expertos como el exministro José Antonio Ocampo no hay hechos sobrevinientes que justifiquen la medida, el Gobierno argumentó que se trata de una herramienta que permite la Constitución cuando “hechos graves e inminentes ponen en riesgo la estabilidad económica y los derechos fundamentales”,
Como calificó la no aprobación de la ley de financiamiento. Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó que las medidas tributarias permitirán recaudar más de 10 billones de pesos.
En su estrategia de buscar recursos, el 19 de diciembre el Ministerio de Hacienda oficializó la primera colocación directa de TES a un agente extranjero por 6.000 millones de dólares (cerca de 23 billones de pesos). Según el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, si bien las necesidades de caja fueron solventadas, acarreó mayores tasas de interés que las negociadas en el mercado.
“En particular, la tasa a la que se endeudó la nación por esos 23 billones de pesos fue de 13,15 por ciento, casi 40 puntos básicos por encima de las tasas a las que se negociaban los TES un día antes”.
La monetización de los recursos con este tipo de operaciones ha sido una de las razones por las cuales el dólar se ha mantenido por debajo de los 4.000 pesos. Y, recientemente, revivió la propuesta de repatriar los recursos que tienen los fondos de pensiones en el exterior, hecho que significó la salida de Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda.
Ante esta avalancha de hechos, sorprende que la economía colombiana tenga una dinámica propia y vaya creciendo. The Economist la destacó como la cuarta economía con mejor desempeño mundial en 2025 por su crecimiento del PIB, que en el tercer trimestre del año pasado se ubicó en 3,6 por ciento, y se prevé que cierre el año cerca al 3 por ciento; además, una mejora en el empleo con cifras históricas de desocupación a la baja y uno de los mejores desempeños en el mercado bursátil. Pero el país enfrenta desafíos estructurales.
Cibest explica que la economía avanza “al ritmo fugaz” del consumo de los hogares, que durante meses han recibido un impulso en sus ingresos: menor carga financiera, mayor flujo de remesas, bonanza cafetera y estabilidad laboral. “También se acelera el compás del gasto público, marcado por una mayor contratación estatal, más transferencias y un gasto de funcionamiento en expansión”, dice.
Explica que “la melodía resulta mucho menos armónica cuando se evalúa la sostenibilidad de las finanzas públicas”.Por su parte, Corficolombiana señala que los efectos del incremento del salario mínimo sobre el crecimiento aún están en evaluación.
“En el corto plazo, el mayor salario mínimo, junto con elevados flujos de remesas y otros ingresos no recurrentes, podría sostener la demanda. Sin embargo, en el mediano plazo, la falta de sostenibilidad de estas fuentes y la desconexión entre salarios y productividad aumentan el riesgo de que la economía converja a tasas de crecimiento persistentemente bajas, incluso por debajo del 2 por ciento”.
Para esta entidad, cinco años después de la pandemia, la economía colombiana se ha dirigido hacia un nuevo equilibrio macroeconómico caracterizado por un crecimiento potencial más bajo, inflación y tasas de interés estructuralmente más altas, una prima de riesgo elevada y un rezago significativo en la inversión.
Corficolombiana asevera que la inversión privada está por debajo de los niveles prepandemia y rezagada frente a otras economías latinoamericanas por errores que deterioraron la confianza y elevaron la percepción de riesgo: mientras que otros países mantuvieron claridad en seguridad, reglas de juego y política sectorial, “Colombia enfrentó choques simultáneos que amplificaron la incertidumbre”.
Se prevé para 2026 un crecimiento que se mantendrá en línea con el de 2025, cercano al 3 por ciento, pero aún por debajo del que se traía antes de la pandemia. Por ende, este año también se repetirá la misma receta del anterior: un consumo privado robusto, una inversión insuficiente, un mayor gasto público y un aporte negativo del sector externo, pues aumentarán las importaciones para atender la demanda interna.
Todo ello, frente a un dólar que estaría por debajo de los 4.000 pesos y mayores costos para el aparato productivo en Colombia por el aumento del salario mínimo y los incrementos en energía y gas. “Un dólar débil y un incremento de los costos locales en pesos es una combinación mortal para nuestras exportaciones. Perdemos competitividad en los mercados exteriores y nuestros competidores sacarán ventaja”, dijo Javier Díaz, presidente de Analdex.
Así las cosas, la economía se moverá ante el impacto del incremento desbordado del salario mínimo, la dinámica y los vientos de cola que traiga el consumo, las expectativas de una nueva jornada electoral en Colombia y del futuro de la relación con Estados Unidos.
