Dentro de sus iniciativas de emergencia económica, el Gobierno incluyó en sus decretos el impuesto al patrimonio para las empresas con este indicador por encima de 10.400 millones de pesos.
Este nuevo impuesto tiene una tarifa general de 0,5 por ciento y una diferencial de 1,6 para entidades del sector financiero y empresas que desarrollen actividades extractivas,
El próximo primero de abril, al menos 6.300 empresas de todos los sectores tendrán que pagar la primera cuota del nuevo impuesto al patrimonio decretado tras la más reciente emergencia económica.
Además de considerarse por los expertos un impuesto antitécnico, distintas voces han criticado la iniciativa.
La más reciente es la de Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial. En su cuenta de X, la dirigente gremial advierte que Colombia está a menos de 10 días de lo que llamó “un deterioro económico sin precedentes”, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026.
“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, señala Gutiérrez.
Asegura que medidas como estas, afectan directamente a parte del sector empresarial que genera más 3 millones de empleos formales. Y solicitó a la Corte Constitucional revisar este tema “con la mayor premura posible” y suspender el Decreto 173.
A juicio de Gutiérrez, este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas: uno, asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria; dos, incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la Dian, y tres, “es un freno en seco la inversión que tanto necesita el país”.
Y agrega: “Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir”.
Para la presidenta del Consejo Gremial, se vulneran los principios de equidad y progresividad. “Imponer una tarifa del 1,6% —más del triple de la general— a sectores financiero y extractivo, castiga la inversión, que hoy es el componente más débil de nuestro PIB”.
Advierte en su trino que la seguridad económica y la confianza inversionista en el país “agonizan”. En 2025, el déficit primario fue del 3,5% del PIB y afirma que, para 2026, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima un faltante de 32,1 billones de pesos. “Estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado”.
Frente a la decisión de la emergencia económica por parte del Gobierno, Gutiérrez señala que la Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. “En este caso, esa justificación no se ha demostrado. Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la “crisis climática” para cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia. No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad”.
El primer pago del 50% se vence el 1 de abril, por lo que las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. Esto, a juicio de Gutiérrez, las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo.
“La creación de nuevos tributos por vías excepcionales resulta aún más preocupante cuando coincide con un crecimiento acelerado del gasto público. El gasto de funcionamiento —incluida la nómina y la contratación—, así como el gasto primario, han venido aumentando de forma sostenida, sin que eso se traduzca en mejores resultados. Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas”, dice Gutiérrez.
Insiste en su solicitud a la Corte Constitucional de suspender de manera “urgente” estas medidas para evitar, lo que calificó como “perjuicios irremediables”. Señala que se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. “Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, puntualiza.