Siguen los ecos de los decretos de emergencia económica que en los últimos días expidió el Gobierno Nacional para atender la crisis generada por el invierno en diferentes zonas del país.

Cabe recordar que el Ejecutivo expidió cinco decretos en el marco de la emergencia económica declarada por las inundaciones y fenómenos climáticos extremos que afectan a ocho departamentos. Dentro del paquete normativo se destaca la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas y sociedades de hecho con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT al 1 de marzo de 2026 (un poco más de 10.000 millones de pesos), aplicable únicamente por ese año.
La tarifa general será de 0,5%, aunque ascenderá a 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector extractivo, entre otras. El gravamen se pagará en dos cuotas iguales, el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026, y sus recursos se destinarán exclusivamente a atender la emergencia. También incluye una sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero.

El conjunto de decretos también incluye medidas para agilizar la compra y saneamiento de tierras y la reubicación de comunidades afectadas, habilitar contratación directa y adiciones contractuales sin los límites habituales, garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar —incluso con raciones en casa—, establecer líneas de crédito para el sector agropecuario y adoptar disposiciones ambientales, como un aporte adicional del 2% sobre las ventas a generadoras eléctricas y ajustes obligatorios en la operación de represas, explicó en un informe Corficolombiana.
Uno de los sectores impactados por estas decisiones es el de las comisionistas de bolsa. Asobolsa advirtió que las recientes decisiones tributarias, entre ellas la sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero, incluidas las sociedades comisionistas de bolsa, y el impuesto al patrimonio a las empresas, podrían tener impactos significativos sobre la confianza inversionista y el desarrollo del mercado de capitales en el país.

Shenny González Uribe, presidenta del gremio, explicó que el mercado de capitales es un mecanismo que transforma el ahorro de los colombianos en inversión que impulsa crecimiento, empleo e innovación. “Cuando se envían señales fiscales que encarecen la actividad financiera y empresarial; se afecta el ahorro, se desincentiva a los emisores y la capacidad del país de financiar proyectos productivos”, aseguró.
González señaló que las sociedades comisionistas de bolsa enfrentan hoy tasas efectivas de tributación cercanas al 39 % sin tener en cuenta la sobretasa, con ella, dicho monto llegaría hasta el 54%, lo que introduce presiones adicionales sobre un sector clave para la canalización del capital. “No es simplemente un asunto sectorial. Cuando se debilita el mecanismo que transforma ahorro en inversión, el impacto se extiende a toda la economía”, afirmó.
Sobre el impuesto al patrimonio, la dirigente gremial advirtió que este tributo afecta directamente la acumulación de capital, especialmente en empresas intensivas en activos o con planes de expansión y listamiento en bolsa. “En términos prácticos, se grava la capacidad de las compañías para crecer, innovar y generar empleo. En un mundo donde los capitales comparan jurisdicciones, la competitividad tributaria es determinante para atraer inversión”, agregó.
