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El sector eléctrico colombiano enfrenta un nuevo cruce de cables tras 30 años de política energética, con reformas propuestas que generan incertidumbre en medio de la transición hacia energías limpias. | Foto: Getty Images

Especial abogados / Energía

El sector eléctrico está en riesgo de un cortocircuito y estas son las razones

¿Corto circuito en energía por el proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos, la regulación, el desarrollo de proyectos, las tarifas y los proyectos de transición energética?

Redacción Economía
31 de agosto de 2024

Un cruce de cables, por no decir enredo, está viviendo el sector eléctrico colombiano después de las lecciones aprendidas, ya casi olvidadas, con el apagón de 1992 y la puesta en marcha de una política energética que después de 30 años enfrenta retos globales y locales, como la velocidad de la transición energética, las inversiones requeridas, el desarrollo de proyectos y las tarifas de energía que golpean directamente el bolsillo de todos los colombianos.

Ilustración de una batería cargando energía.
"Las posibles modificaciones a la Ley de Servicios Públicos dividen opiniones: mientras algunos ven oportunidades para impulsar las energías renovables, otros temen un retroceso hacia monopolios estatales y prácticas anticompetitivas que afecten la eficiencia del sector." | Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Lo bueno y lo malo de reformar la ley

Para desenredar este cruce de cables entre Gobierno nacional, sector privado y usuarios de los servicios públicos, desde el punto de vista jurídico, ¿es conveniente iniciar el trámite de la reforma a la Ley de Servicios Públicos en la actual coyuntura política?

Contrario a lo que algunos creen, el contexto también ofrece oportunidades. Al respecto, Juan Pablo Gutiérrez, asociado principal de Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU Legal), considera que cualquier modificación a la Ley 142 de 1994 que busque complementar sus disposiciones, otorgar beneficios o promover la implementación de energías renovables en el sistema actual sería muy positiva si está orientada a incluir incentivos financieros o administrativos que permitan diversificar la producción de energía en el país y ampliar la cobertura energética. El jurista advierte además que los proyectos de energía renovables no pueden estar sujetos a una modificación de la Ley 142 y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debe seguir avanzando en todo lo relacionado con el marco regulatorio que permite la implementación de esas tecnologías.

Juan Pablo GutiérrezPPU Legal
Juan Pablo Gutiérrez, asociado principal de la firma de abogados Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU Legal) | Foto: PPU Legal

Más cauta ante la reforma a la Ley de Servicios Públicos se mostró Patricia Arrázola, socia y directora de la Práctica de Energía & Recursos Naturales de la firma Gómez Pinzón, quien no descarta la posibilidad de que se hagan ajustes para actualizarla, pero considera inconveniente una reforma estructural que pueda llevar a prácticas anticompetitivas y monopolio del Estado con las consecuencias que esa decisión implicaría.

Patricia ArrázolaGómez Pinzón
Patricia Arrázola, socia y directora de la Práctica de Energía & Recursos Naturales de la firma de abogados Gómez Pinzón. | Foto: Gómez Pinzón

Precisamente, Claudia Navarro, abogada socia del Área de práctica de Infraestructura y Servicios Públicos de Brigard Urrutia, llama la atención al sector para que, en el marco de la posible modificación a la Ley de Servicios Públicos, el país reconozca la historia del apagón para no repetir los mismos errores que dieron origen a la actual ley.

La abogada reconoce por igual la necesidad de la transición, la limitación de recursos como el agua y el uso de medidores inteligentes que demandan la modificación de ciertos aspectos de las leyes 142 y 143 de 1994, sin olvidar lo que ha funcionado, y que, según su criterio, ha sido bastante.

Claudia NavarroBrigard Urrutia
Claudia Navarro, abogada socia del Área de práctica de Infraestructura y Servicios Públicos de la firma Brigard Urrutia, | Foto: Brigard Urrutia

A Andrés Ramón Rodríguez, asociado sénior de Baker McKenzie, le preocupa que no haya claridad sobre los recursos que respaldarán el mínimo vital propuesto en el proyecto de reforma a la ley o por qué se van a elevar a rango legal normas que usualmente están contenidas decretos y resoluciones, lo que le quitaría plasticidad y adaptabilidad a la actual ley.

En defensa de la regulación independiente y la Creg

Para los juristas consultados, con o sin reforma, es prioritario defender la independencia y la autonomía administrativa, presupuestal y técnica que ha caracterizado a las comisiones de regulación (Creg, CRA, CRT) y que ahora, según el proyecto de ley del Gobierno de Gustavo Petro, “la regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”.

Al respecto, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en un reciente fallo mediante el cual se explicó que la noción de agente del Presidente no es predicable del cargo de comisionado experto de la Creg.

Andrés Ramón RodríguezBaker McKenzie
Andrés Ramón Rodríguez, asociado sénior de la firma Baker McKenzie. | Foto: Baker McKenzie

¿Y de las tarifas y los proyectos qué?

A los problemas de tarifas de servicios públicos, especialmente la de energía, y la urgencia de viabilizar proyectos de inversión de energías limpias que complementen la oferta energética tradicional, se le enreda también el proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos, que es la base de los cambios en el sistema que tendría como nuevos actores a las llamadas comunidades energéticas.

Al respecto, Rodríguez, de Baker McKenzie, considera que tanto los cambios normativos propuestos como el desarrollo de proyectos inciden en las tarifas, no son excluyentes y lo importante es que Colombia cuente con reglas de juego claras que promuevan la estabilidad en el sector para hacer efectivo el desarrollo de nuevos proyectos