Una de las metas más relevantes del Gobierno de Abelardo De La Espriella es alcanzar un crecimiento económico del 6%, apalancado en uno de los motores que en los últimos años estuvo desacelerado: la inversión.
De acuerdo con cálculos de Miguel Gómez, ministro de Hacienda, la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha registrado su nivel más bajo desde 1975, y se estima en 15% para 2025, cuando tuvo participaciones cercanas al 25% del PIB.

Avanzar en la estructuración y desarrollo de proyectos es clave para alcanzar el objetivo de esta administración en materia de crecimiento, pero para ello debe sortear dos exigencias que, para muchos, se han convertido en serios desafíos a la inversión: las consultas previas y las licencias ambientales.
Un reciente documento de Corficolombiana, tras un evento de esta entidad en materia de sostenibilidad, hace una radiografía de estos instrumentos, orientados a garantizar la participación de las comunidades étnicas y a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales de las actividades productivas.
La entidad identificó una creciente tensión: mientras la inversión fija se ha reducido en los últimos años, alcanzando mínimos de seis décadas, el número de proyectos nuevos sometidos a consulta previa continúa aumentando. Entre 2020 y 2026 se radicaron, en promedio, 283 nuevos proyectos por año, más del doble del promedio observado entre 2005 y 2015.

Este incremento ha sido impulsado principalmente por proyectos de telecomunicaciones y por medidas administrativas susceptibles de afectar a comunidades étnicas. Explica el análisis que esta tendencia resulta aún más evidente cuando se relaciona con la inversión. “Hoy existen cerca de seis proyectos nuevos con consulta previa por cada billón de pesos de 2015 invertido, más del doble que hace una década y más de cinco veces el promedio observado entre 2005 y 2010”, agrega.
Destaca que, al mismo tiempo, los procesos tardan cada vez más en concluir. De acuerdo con el documento, a la fecha, existen 2.197 proyectos en proceso de consulta previa, de los cuales dos de cada tres llevan más de tres años en trámite y el 42% continúa en su etapa inicial, sin haber avanzado hacia etapas posteriores de protocolización o seguimiento, paralizando la entrada en operación de los proyectos.
¿Qué explica esta situación? Según Corficolombiana, la primera hipótesis podría estar asociada a la ubicación de los proyectos. “Sin embargo, la evidencia muestra que la concentración regional de las consultas previas se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo. Tampoco parece existir una relación significativa entre el aumento de las consultas previas y la concentración de grandes proyectos de infraestructura, energía o transporte. Parte de la explicación parece encontrarse en las condiciones estructurales de los territorios”, señala.

Advierte que, en algunas regiones, las consultas previas han terminado convirtiéndose en espacios donde confluyen necesidades sociales, institucionales y económicas que exceden los impactos directamente atribuibles a los proyectos.
“Como resultado, las exigencias y beneficios que se negocian durante estos procesos pueden llegar a incorporar demandas asociadas a rezagos históricos de la ausencia del Estado en infraestructura, servicios públicos o desarrollo productivo. No resulta casual que varios de los departamentos con mayor incidencia de consultas previas, como Chocó, La Guajira, Nariño o Bolívar, registren también niveles de necesidades básicas insatisfechas superiores al promedio nacional”, asegura el estudio.
Añade en su análisis que la combinación entre una regulación fragmentada, la ausencia de reglas claras y una construcción jurisprudencial que progresivamente ha ampliado los espacios de negociación alrededor de estos procesos y reducido la predictibilidad para todos los actores involucrados.
En resumen, Corficolombiana considera que los cuellos de botella de la consulta previa se concentran en tres frentes: la ausencia de delimitación de comunidades y criterios y la multiplicidad de consultas, la duración y los cierres impredecibles y el uso de este instrumento como mecanismo para atender a la ausencia del Estado.

Por el lado de las licencias ambientales, a diferencia de lo observado en las consultas previas, el comportamiento va más acompasado con el ciclo de inversión de la economía. De acuerdo con Corficolombiana, actualmente se tramitan cerca de 130 licencias ambientales al año, apenas una tercera parte de las otorgadas en 2014, donde la mayor caída se ha dado en los sectores de hidrocarburos, infraestructura y agroquímicos, mientras que los proyectos energéticos han ganado participación relativa, pasando de representar apenas el 6,5% de las licencias otorgadas en 2012 a cerca del 35,7% en 2026.
Para el informe, los principales desafíos del licenciamiento ambiental no se derivan de la ausencia de reglas, sino de problemas de gestión, coordinación y capacidad institucional, hecho que se evidencia a nivel nacional y local. Cita el informe que, según la Procuraduría General de la Nación, 16 de las 34 corporaciones autónoma regionales presentan retrasos significativos y existen expedientes que permanecen represados durante más de dos años.
Los cálculos de Corficolombiana establecen que el tiempo promedio para obtener una licencia ambiental pasó de 133 días hábiles en 2021 a 190 días en 2026, equivalente a más de 50 días hábiles adicionales y más del doble del plazo legal establecido para su evaluación. A su juicio, el principal reto no consiste en flexibilizar los estándares ambientales, sino en mejorar la capacidad de gestión del sistema. “El objetivo final es contar con un sistema que preserve altos estándares ambientales, pero que al mismo tiempo ofrezca mayor coordinación institucional, seguridad jurídica y capacidad de respuesta para viabilizar la inversión sostenible”.

El informe pone como ejemplo casos específicos de licenciamiento ambiental, en especial, en el sector energético. Para proyectos como Colectora, la línea que conectará la energía de los proyectos renovables no convencionales de La Guajira al sistema nacional, un año adicional de retraso puede representar un incremento cercano al 8% de la inversión inicial, reduciendo la eficiencia en la ejecución y encareciendo el desarrollo de las obras.
Además, la incertidumbre sobre los plazos de ejecución eleva el riesgo percibido por inversionistas y financiadores, dado que los retrasos prolongan el periodo en que el capital permanece comprometido sin generar retornos, aumentando los costos financieros durante la construcción. “Un año adicional de retraso podría incrementar el costo de capital anual en aproximadamente 0,3 puntos porcentuales, elevando el WACC implícito y afectando la viabilidad financiera de proyectos intensivos en capital y de largo plazo”, dice Corficolombiana.

Los retrasos también generan costos de oportunidad para los usuarios y para la economía en su conjunto, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo.
El análisis cita estimaciones de la UPME, según las cuales, los retrasos en proyectos de transmisión eléctrica generan costos de oportunidad cercanos a 2,3 mil millones de pesos por día, mientras que escenarios de racionamiento de gas pueden representar pérdidas del orden de 867 millones de pesos diarios.
Finalmente, Corficolombiana resalta tres elementos fundamentales para sistemas más efectivos. El primero es la certidumbre, mediante la identificación temprana de comunidades e impactos, criterios claros para la definición de acuerdos, sus límites y plazos efectivos, esquemas de evaluación proporcionales al riesgo y a las características de cada proyecto. El segundo es la coordinación, a través de procesos integrados, plataformas interoperables y competencias claramente delimitadas entre las distintas entidades involucradas. Y el tercero es la confiabilidad, entendida como la existencia de incentivos adecuados, reglas estables, decisiones consistentes y mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
