Una mala noticia impactaría a algunas familias colombianas en 2025 debido a una compleja situación. El Departamento de Prosperidad Social (DPS), entidad encargada de las ayudas gubernamentales, pondrá fin a uno de los programas que más benefició a la población vulnerable.
La transferencia monetaria atravesó un periodo de incertidumbre mientras la Corte Constitucional evaluaba si cumplía con lo establecido en la ley. Finalmente, el alto tribunal avaló su aplicación mediante la sentencia C-467/25; sin embargo, al tratarse de una medida de carácter temporal, el apoyo económico dejará de entregarse.
En ese contexto, Prosperidad Social avanza en el cierre del subsidio creado a comienzos de 2025 para atender a víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en Colombia. La ayuda surgió tras la declaratoria de Estado de Conmoción Interior por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como respuesta a la crisis humanitaria generada por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, Norte de Santander, donde miles de familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por los enfrentamientos entre el ELN, disidencias de las FARC y el Ejército Nacional.
Durante la vigencia del Estado de Conmoción Interior, el Gobierno dispuso que Prosperidad Social entregara un apoyo económico de 230.000 pesos en distintos ciclos a lo largo de 2025.
Este subsidio estuvo dirigido a personas mayores de 60 años que hubieran sufrido desplazamiento forzado o confinamiento en los municipios del Catatumbo cobijados por la medida, condición que debía ser validada por la autoridad territorial, y que además no hicieran parte del programa Colombia Mayor.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 12.000 personas accedieron a este apoyo económico. Los recursos beneficiaron a hogares ubicados en varios municipios de Norte de Santander, entre ellos Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú, Cúcuta y Puerto Santander.
Sin embargo, Prosperidad Social avanza en el cierre definitivo del programa. En un borrador de resolución divulgado en diciembre de 2025, la entidad confirmó que el subsidio llegará a su fin, tal como estaba previsto desde su creación, y que los beneficiarios contarán con un plazo de 30 días para reclamar el último pago.
La entidad aclaró que este ciclo final solo se girará a las personas mayores que fueron reconocidas como beneficiarias durante la vigencia del Decreto Legislativo 0323 de 2025. Además, precisó que no se aceptarán nuevos inscritos ni se incluirán personas identificadas en verificaciones realizadas después de ese periodo.
“Los pagos de este ciclo se efectuarán exclusivamente a las personas mayores que hubieran sido identificadas como beneficiarias durante la vigencia del Decreto Legislativo 0323 de 2025, sin que puedan incorporarse personas identificadas con posterioridad a dicha vigencia ni del resultado de validaciones efectuadas en ciclos posteriores”, explicó la entidad en un reciente borrador de resolución, publicado en diciembre de 2025.