¿Qué está pasando con la confianza de los inversionistas? ¿Qué decisiones o señales han llevado a que Colombia pierda atractivo?
Natalia Gutiérrez (N.G.:) Las cifras muestran un deterioro claro. estamos viendo decisiones empresariales que se aplazan o terminan buscando otros destinos. Entre 2022 y 2025 la inversión extranjera directa bajó de US$17.182 millones a US$11.469 millones, una caída del 33%. En el primer semestre de 2026, los flujos canalizados por el mercado cambiario disminuyeron 12,3% y, excluyendo petróleo y minería, 32%. Además, la inversión total pasó del 21,4% al 16,7% del PIB entre 2019 y 2025: una reducción relativa cercana al 22% de ese indicador.
Detrás hay factores macroeconómicos, pero también una señal que debemos corregir: la incertidumbre sobre las reglas. La acumulación de reformas tributarias, modificaciones regulatorias y decisiones difíciles de anticipar eleva el riesgo de un proyecto, encarece su financiación y, en ocasiones, impide que siquiera comience. En sectores como energía o infraestructura no basta con que una inversión sea atractiva hoy; tiene que poder financiarse y operar durante décadas. A eso se suma que Colombia perdió los instrumentos generales de estabilidad que ofrecían la Ley 963 y el antiguo régimen de megainversiones. Esta incertidumbre afecta especialmente a los proyectos más intensivos en capital, justamente aquellos que necesitan horizontes de financiación largos.
Este no es un asunto de percepciones aisladas. En una encuesta internacional del Banco Mundial, el 86% de los inversionistas consideró importante o decisivo el entorno legal y regulatorio; entre quienes habían sufrido incumplimientos contractuales del gobierno, el 35% canceló inversiones previstas o retiró inversiones existentes. La competencia por capital es permanente. Cada proyecto que no llega también puede significar empleos, proveedores y recaudo que el país deja de desarrollar.
¿Por qué 30 años? ¿Cómo se determinan las reglas esenciales y qué mecanismos tendrá el inversionista si el Estado las modifica?
N.G.: Los 30 años responden a la realidad económica de los grandes proyectos de inversión, no a una cifra escogida arbitrariamente. Basta observar algunos ejemplos: las concesiones viales, cuyos contratos pueden extenderse entre 20 y 30 años, e incluso más según su estructuración; los contratos de exploración y producción de hidrocarburos, que pueden comprender entre 6 y 9 años de exploración y períodos de producción de hasta 24 o 30 años, según el régimen contractual aplicable; los proyectos mineros de gran escala, cuyos títulos pueden alcanzar 30 años, con posibilidad de prórroga; y los grandes desarrollos agroindustriales, que pueden requerir entre 5 y 10 años para su establecimiento y maduración productiva, y horizontes de 20 a 30 años o más para recuperar y remunerar adecuadamente las inversiones, dependiendo del cultivo y de la infraestructura asociada.
En todos estos casos, las inversiones se realizan hoy, pero sus retornos se distribuyen durante décadas. Antes de generar ingresos, los proyectos deben superar etapas de estructuración, estudios, permisos, financiación, construcción y puesta en operación. Posteriormente, necesitan horizontes suficientemente amplios para recuperar el capital invertido y atender sus obligaciones financieras. Por eso, la estabilidad jurídica debe guardar correspondencia con el horizonte económico de las inversiones que pretende atraer. Una protección que expire mucho antes de la recuperación del capital puede incrementar el riesgo regulatorio, encarecer la financiación y comprometer la viabilidad de proyectos estratégicos para el país.
¿Cómo evitar que el régimen limite futuras reformas o presione a próximos gobiernos? ¿Dónde está el equilibrio?
N.G.: El equilibrio está en el diseño mismo de la ley. El régimen no congela el ordenamiento jurídico: el Congreso puede seguir legislando, el Gobierno reglamentando y los reguladores ejerciendo todas sus competencias. Las reformas que el país necesite se pueden hacer y aplican a toda la economía; lo que la ley define es cómo se tratan esos cambios frente a las inversiones que ya se comprometieron con base en reglas concretas.
Además, el régimen tiene límites claros. No garantiza rentabilidades ni protege simples expectativas de ganancia. No cobija los derechos laborales mínimos ni las normas que protegen la vida, la salud, el ambiente o el orden público, y tampoco afecta las competencias del Banco de la República. Solo aplica a proyectos individualizados y por un tiempo definido.
También tiene controles. La ventana para presentar solicitudes es de cinco años y, al cuarto año, el DNP, con concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, evaluará sus efectos sobre inversión, empleo y recaudo antes de que el Congreso decida si se prorroga. Habrá un registro público de proyectos y un informe anual al Congreso. Y quien incurra en fraude o corrupción, o no ejecute la inversión, pierde el beneficio.
El diseño incluye rendición de cuentas. Se contempla una ventana inicial de cinco años para solicitar el acogimiento, una evaluación al cuarto año por el DNP con concepto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, un registro público de proyectos y un informe anual al Congreso. El fraude, la corrupción o el incumplimiento de obligaciones relevantes, incluida la ejecución de la inversión, pueden llevar a perder el beneficio, mediante el debido proceso.
No queremos comprometer la capacidad de decisión de futuros gobiernos. Queremos que las decisiones públicas tengan reglas claras también respecto a sus consecuencias. Un Estado puede reformar y, simultáneamente, ser confiable con quienes invirtieron bajo compromisos que él mismo reconoció.
¿Qué sectores podrían beneficiarse más y qué impacto esperan en empleo, infraestructura y productividad? ¿Cómo evitar que el beneficio se concentre en pocas empresas?
N.G.: El régimen es transversal: aplica a cualquier sector. Pero las necesidades son especialmente grandes en infraestructura vial, férrea, portuaria y aeroportuaria; en generación y transmisión de energía; en hidrocarburos, industria y agroindustria. Solo en infraestructura, los insumos sectoriales identifican un portafolio cercano a $79,5 billones.
No sería responsable prometer una cifra exacta de inversión, pero sí podemos dimensionar el potencial. Cada punto del PIB que Colombia recupere en inversión equivale a unos $18,5 billones al año. Recuperar dos o tres puntos significaría entre $37 y $56 billones anuales, con el empleo formal, la infraestructura y la productividad que eso trae.
Sobre la concentración: el umbral responde a que la protección especial se justifica en proyectos de gran escala, con desembolsos muy altos y plazos largos. Pero el acceso es igual para nacionales y extranjeros, y es un derecho reglado, sin negociaciones ni escogencia de ganadores. El Gobierno podrá bajar el umbral para sectores o regiones con un estudio técnico. Y los beneficios no se quedan en la empresa que invierte: llegan a los proveedores, a los trabajadores, a las regiones y al recaudo.
¿Qué cambiaría realmente para un inversionista? ¿Qué tan probable es que Colombia vuelva a competir por grandes proyectos y qué compromisos debería asumir el Gobierno?
N.G.: La diferencia para quien evalúa invertir sería concreta: pasar de calcular el proyecto bajo un riesgo regulatorio difícil de dimensionar a conocer, desde el inicio, qué condiciones determinantes estarán protegidas durante 30 años. No se eliminan los riesgos del negocio ni las obligaciones legales, pero se ofrece mayor previsibilidad sobre materias tributarias, aduaneras y regulatorias. Se suman protecciones frente a la expropiación sin indemnización y al trato arbitrario, así como reglas que preservan las garantías del proyecto cuando intervienen sus financiadores. Todo ello puede facilitar el cierre financiero y reducir incertidumbre para el capital nacional y extranjero.
Los proyectos elegibles tendrán la condición de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico para mejorar su coordinación institucional, sin reemplazar licencias ni consultas. También habrá una ventanilla única y un término de 60 días hábiles para decidir las solicitudes. Pero la eficacia real dependerá de que las autoridades trabajen coordinadamente y de que los procedimientos funcionen en la práctica: una buena norma, sin ejecución administrativa, no atrae por sí sola una inversión.
Nuestra propuesta, además, puede avanzar de la mano del RUGE previsto por el Gobierno en la Ley de Rescate Económico. El RUGE plantea incentivos tributarios y estabilidad por 16 años; este régimen apunta a una protección transversal por 30 años, que alcanza también condiciones regulatorias. No son alternativas excluyentes, sino instrumentos con alcances distintos cuya coordinación debe quedar clara en el trámite legislativo.
Hay antecedentes que muestran la escala de esta competencia: Perú ha suscrito 1.071 convenios de estabilidad asociados a cerca de US$32.000 millones en compromisos; Argentina registra más de US$76.000 millones de inversión prevista en proyectos aprobados bajo el RIGI. No son desembolsos íntegramente realizados ni resultados atribuibles exclusivamente a esas normas, pero sí reflejan decisiones de inversión de gran magnitud. Al Gobierno le planteamos una agenda constructiva: discutir y perfeccionar el proyecto con el Congreso, articularlo con el RUGE, reglamentarlo oportunamente y garantizar que las entidades cumplan las reglas reconocidas. La confianza se construye cuando lo que se promete jurídicamente también se cumple institucionalmente.