Hace algunos meses, el mundo empresarial del país se sorprendió luego de que la Superintendencia de Sociedades anunciara oficialmente la entrada en proceso de liquidación de la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla, un reconocido restaurante del humorista Pedro González, más conocido como ‘Don Jediondo’.
Entre las razones principales se encuentra un gran monto de deudas con distintos acreedores entre los que se encontraba la Dian, además de proveedores, entre otros. El restaurante no logró sortear el difícil panorama y solicitó el inicio del proceso al organismo regulador, luego de haber pasado por un proceso de reorganización empresarial que no resultó exitoso.
Hace algunas horas, la Superintendencia de Sociedades se pronunció respecto a los avances en el proceso de liquidación. Indicaron que mediante el Auto 2025-01-873861 de 30 de diciembre de 2025, se negó la solicitud allegada por la liquidadora, de continuar con la ejecución del objeto social de la compañía.
Precisaron que la decisión se fundamentó, entre otros aspectos, en que la información financiera disponible no permite determinar la viabilidad de la solicitud, ni para concluir que la continuación de sus actividades, aún dentro del proceso de liquidación judicial, sea la medida más adecuada para proteger los derechos e intereses de los acreedores.
“Como parte de las medidas adoptadas y dada la vinculación de terceros en las operaciones de la sociedad, se ordenó verificar un posible estado de control o grupo empresarial conforme a lo establecido en el artículo 260 y 261 del Código de Comercio”, precisó la entidad.
Adicional a ello, detallaron que se ordenó mantener las medidas cautelares decretadas en el auto de apertura de liquidación judicial, junto con otras determinaciones orientadas a asegurar el adecuado desarrollo del trámite concursal y la protección de los acreedores.
“En el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla, hoy en liquidación judicial, esta Superintendencia ha adelantado actuaciones que responden al interés permanente de fortalecer la transparencia y claridad del proceso concursal, como pilares esenciales para garantizar decisiones fundadas, coherentes y orientadas al interés general y al derecho de los acreedores. Las decisiones adoptadas permiten reafirmar que la Superintendencia, previo a resolver las solicitudes sometidas a su consideración, verifica de manera rigurosa el estado real de las compañías”, comentó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.
Finalmente, el organismo detalló que la liquidadora deberá presentar el proyecto de graduación y calificación de créditos y el proyecto de inventario de activos, en los términos establecidos en la Ley 1116 de 2006, lo cual permitirá avanzar hacia la distribución de los recursos entre los acreedores conforme a la prelación legal de créditos.