La empresa Cerro Matoso y varias organizaciones sindicales solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervenir frente a la reducción en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy y sus empresas relacionadas en Colombia, al considerar que la situación está afectando la operación industrial, el empleo y la actividad económica.
La petición fue dirigida al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, y al superintendente delegado, Omar López, mediante una comunicación en la que se invocan las facultades previstas en la Ley 142 de 1994 para evaluar una eventual toma de posesión de la empresa prestadora del servicio.
En la carta, los firmantes manifestaron su preocupación por las restricciones en el suministro de gas que, según señalaron, se vienen presentando desde febrero de este año.
“Canacol Energy y sus filiales o relacionadas en Colombia (…) desde febrero de este año vienen restringiendo y disminuyendo sus entregas de gas a distintos agentes de la demanda, afectando de manera directa a los usuarios de servicios públicos tanto regulados como no regulados”, indica el documento.
Según la comunicación, durante los últimos días la reducción en el suministro también alcanzó a Cerro Matoso, empresa ubicada en Córdoba.
Los firmantes sostienen que Canacol redujo la entrega de gas de 16.000 MBTU a 5.000 MBTU, situación que obligó a la compañía a suspender parte de su operación.
“Canacol forzó a Cerro Matoso, al restringir la entrega de gas de 16.000 MBTU a 5.000 MBTU, a tener que apagar una de sus dos líneas de producción, lo cual tiene un impacto directo en el empleo de cientos de trabajadores directos e indirectos y, por supuesto, en la economía del país”, señala la carta.
Frente a este escenario, Cerro Matoso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), SintracerroMatoso y Sintramineros solicitaron a la Superintendencia aplicar las facultades previstas en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
En el documento citaron el numeral 59.1 de la Ley 142 de 1994, que contempla la posibilidad de tomar posesión de una empresa cuando “no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros”.
Los firmantes pidieron una actuación inmediata de la autoridad para evitar mayores afectaciones.
“Como sindicatos, centrales obreras y empresa le solicitamos al Superintendente actuar de manera inmediata para evitar que se sigan generando perjuicios al orden económico del país y se preserven los contratos de gas existentes y se garantice el suministro de gas necesario para que empresas como Cerro Matoso puedan operar en un 100 % de su capacidad”, concluye la comunicación.
La solicitud fue suscrita por el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Gaviria; el gerente de Recursos Humanos de la compañía, Jansa Honorio Castañeda Crespo; representantes de Relaciones Laborales; el presidente de la CUT, Fabio Arias; el presidente de SintracerroMatoso, Jamer Ledesma Villarreal; y el presidente encargado de Sintramineros, Jorge Correa.