Nueve locaciones industriales de los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, estarían afectadas por situaciones de orden público que terminarán pasando factura a la producción de hidrocarburos en el país, justo cuando se requiere estar preparado, no solo para el abastecimiento de estos combustibles, sino para encender las térmicas, lo que a su vez se requiere para que exista energía eléctrica en medio del fenómeno El Niño.
Ecopetrol, empresa estatal petrolera, denunció que los bloqueos en la zona ya completan 52 días y se originaron por conflictos laborales relacionados con reclamos de contratistas con sus empleadores.
Según Ecopetrol, “las interrupciones en la actividad generan potenciales riesgos de integridad en las facilidades de transferencia de fluidos, especialmente en las líneas de flujo”.
Denuncian fuerte impacto económico y social
Según el pronunciamiento de Ecopetrol, como consecuencia de los bloqueos, “se vulnera el derecho al trabajo de cerca de 1.000 personas, entre empleados de Ecopetrol y contratistas. También se han dejado de ejecutar actividades por más de 44.500 mil millones de pesos, con impacto directo en decenas de empresas proveedoras de bienes y servicios petroleros, en la producción de hidrocarburos y en el pago de regalías e impuestos a la Nación”.
Los pozos impactados son claves
La referencia que hace Ecopetrol es que, debido a la situación se han dejado de producir más de 800 mil barriles de petróleo en los campos Chichimene, Akacías y Castilla, con efectos negativos en la economía regional y nacional.
De ahí que el llamado de la compañía es al diálogo y, de hecho, afirman que ya lo han intentado. “Han sido múltiples escenarios de conversación promovidos por autoridades regionales y nacionales, en los que dichas entidades han reiterado las disposiciones legales sobre jornada máxima legal, manejo de turnos, descansos y trabajo dominical, que son los temas en discusión".
No obstante, la situación continúa pese a la reiteración que ha hecho Ecopetrol, según la cual, la empresa estatal “no tiene competencia para intervenir en conflictos entre firmas contratistas y sus trabajadores ni ejerce competencias judiciales, de investigación, vigilancia o control, por lo que cualquier reclamación debe presentarse ante las instancias judiciales correspondientes".