El que mucho abarca, poco recauda. Crece la incertidumbre por nuevas retenciones y la próxima reforma tributaria

El panorama fiscal de Colombia es cada vez menos alentador y está marcado por la incertidumbre y la inseguridad jurídica. Los contribuyentes, en especial las personas jurídicas, sienten el coletazo en su flujo de caja.

La incertidumbre regulatoria, originada por cambios inesperados en las reglas del juego, como el aumento en las tarifas de la retención en la fuente anticipada —para unos sectores más altas que para otros—, y la anunciada reforma tributaria con la que el Gobierno espera recaudar 26 billones de pesos para financiar parte del presupuesto de la nación para 2026, tiene al sector privado con los pelos de punta.

Un escenario que combine la reforma con las nuevas tarifas de autorretención asfixiaría aún más a las empresas, aunque con distinto impacto entre ellas. ¿Qué implica? Menor liquidez, menos oportunidades de inversión, disminución en la creación de nuevos puestos de trabajo, congelamiento de planes de expansión, más informalidad y más evasión.

“El impacto sobre las empresas será especialmente sensible en materia de liquidez. Muchas compañías se han visto obligadas a destinar hasta el 30 % o más de sus ingresos facturados para cumplir con obligaciones de IVA y autorretenciones de renta. Y sus clientes les pagan en plazos superiores a 60 días”, explican Carolina Rozo y Héctor Ramírez, socios del área de impuestos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

Agregan que esto dificulta la gestión operativa del flujo de caja, porque esos recursos dejan de estar disponibles para inversiones productivas o para obtener rendimientos financieros, afectando directamente la actividad generadora de renta. Es decir, el desarrollo, el crecimiento empresarial y la generación de ingresos estarían comprometidos, lo que llevaría a una menor actividad económica y a una desaceleración del consumo en general.

“Entre más cargas existan y menos alivios se brinden a las empresas, la consecuencia es que afectará su capacidad productiva y con esta, el recaudo que quiere lograr el Gobierno con su nueva reforma”, puntualizó Santiago Arbouin, socio de la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero.

Ahora bien, en un escenario en el que estén vigentes la retención anticipada (que ya opera) y la reforma tributaria (que aún no), las más impactadas serían las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales, según Arbouin, son las más vulnerables.

Sin embargo, también llaman la atención las medidas tributarias adicionales que recaerían sobre las industrias extractivas. “No es conveniente para las finanzas públicas seguir imponiendo gravámenes que asfixian a los sectores económicos que generan más ingresos y que, de no estar sujetos a una carga tributaria excesiva, podrían contribuir a solucionar parte de la crisis fiscal”, explicó Carolina Rozo, de PPU.

Por otro lado, hay quienes advierten que si bien con las medidas se puede generar recaudo de corto plazo, el efecto en el mediano y largo plazo será perjudicial porque el país perderá inversión nacional y extranjera y disminuirá su credibilidad como destino empresarial.

El mensaje que se leerá, según PPU, es que el esfuerzo para enfrentar la crisis fiscal lo asumen los contribuyentes, mientras que el Estado crece desmedidamente y aumenta el gasto público sin control.

Más devoluciones

En junio de este año entró a operar el cobro anticipado de la retención en la fuente correspondiente a 2026, con lo que el Gobierno espera solventar problemas de liquidez.

En esa misma norma aumentó las tarifas de retención, incrementando más a unos que a otros, especialmente para los sectores extractivistas.

“Se modifican las bases mínimas de retención en la fuente, y se incrementan las tarifas de retención o autorretención. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, personas que por sus ingresos antes no eran sujetos de retención, ahora sí lo son, y para los que ya lo eran ahora tienen una retención incrementada”, señaló Álvaro Sabbagh, líder de la Unidad de Derecho Corporativo y Negocios Internacionales en Scola Abogados.

Lo cierto es que tanto empresarios, exdirectores de la Dian y firmas de abogados han advertido sobre los inconvenientes que la medida trae.

Por ejemplo, para Mauricio Piñeros, socio director de Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, la retención anticipada de 2025 va a disminuir el recaudo tributario por impuesto de renta en 2026. “Las retenciones que este año se practiquen, se acreditan para pagar el impuesto de renta del año gravable 2025, cuyas declaraciones y pagos se presentan en 2026. El Gobierno tendrá un problema de caja el próximo año por efecto de las autorretenciones”, señaló Piñeros.

Las alarmas también se han encendido sobre las devoluciones a las que habrá lugar. Y es que, advierte Juan Camilo de Bedout, de la firma Posse Herrera Ruiz, que cuando el impuesto de renta a cargo es menor que la retención o autorretención aplicada, se generan saldos a favor que los contribuyentes pueden pedir que les devuelvan.

“La liquidez coyuntural se puede estar apalancando en una cuenta por pagar con los contribuyentes que soliciten tales devoluciones, es decir, ese recaudo anticipado se convertirá en un pasivo del Estado, lo que mantendrá o aumentará el déficit fiscal que hoy se pretende cubrir”, explicó De Bedout.

A esto se suma que los procesos para las devoluciones de la Dian son estrictos, complejos y engorrosos, lo que implica un desgaste administrativo porque debe destinar un número importante de funcionarios y recursos tecnológicos.

Habrá otros contribuyentes que no solicitarán la devolución, pero sí que los saldos a favor los apliquen como pago a impuestos futuros. “De esta forma los próximos Gobiernos podrían verse desfinanciados”, alertó Sabbagh, de Scola Abogados.

Empresarios, a mitigar impactos

La estrategia de liquidez inmediata planteada por el Gobierno, consistente en anticipar el cobro de la retención en la fuente de 2026 a este año, a lo que se sumaría una reforma tributaria incierta en el Congreso, ha puesto en jaque a los contribuyentes.

Si bien no tienen otra salida más que enfrentarla, las firmas de abogados recomiendan estrategia, disciplina y planeación tributaria.

PPU señala algunas acciones claves: registrar transacciones y solicitar certificados de retención, organizar operaciones para optimizar impuestos y administrar liquidez, consolidar archivos sólidos y solicitar saldos a favor de manera oportuna, evaluar periódicamente el efecto en la carga fiscal real y ajustar planificaciones financieras.

“En ciertos casos, podrían concluir que algunos proyectos necesitan ajustes o no son viables”, advierte Álvaro Sabbagh, de Scola Abogados.

Igualmente, se recomienda la planeación tributaria estratégica, con proyecciones mensuales del impuesto a cargo, evaluación del régimen tributario aplicable, identificación de beneficios sectoriales y planeación para la recuperación o compensación oportuna de saldos a favor.

Por su parte, Juan Camilo de Bedout, de Posse Herrera Ruiz, recomienda a los empresarios usar los saldos a favor para compensar retenciones futuras, lo cual puede aliviar la presión en el flujo de caja. “Es muy importante tener en cuenta los requisitos del estatuto tributario para la compensación de saldos a favor”, dijo.

Otros son partidarios de la demanda del decreto de retención anticipada, que ya enfrenta cerca de 20 demandas, bajo el argumento de que, si bien el Gobierno tiene la facultad legal para imponer retenciones, estas no pueden ser excesivas.