Aunque el Gobierno de Gustavo Petro generó incertidumbre para el sector empresarial y los inversionistas, el final de su mandato estuvo marcado por importantes anuncios en materia de fusiones y adquisiciones: la compra por parte de Millicom de los activos de la nación en Coltel y de las acciones de EPM en Tigo Une para consolidar un nuevo gran jugador en telecomunicaciones; las operaciones de Parex en la compra de activos de Frontera, en el sector petrolero; las adquisiciones que anunció Holcim de los activos de Cemex en Colombia; Makro quedó en manos de la chilena Cencosud; en estaciones de servicio, el grupo centroamericano UNO Corp adquirió las operaciones de Primax Colombia, y el Banco de Bogotá incorporó la cartera de personas naturales de Itaú.
En 2025 se registraron 288 transacciones por más de 10.000 millones de dólares, según cálculos de Cuatrecasas. Sin embargo, los movimientos marcaron una tendencia: durante el primer semestre de 2026 bajó el número de operaciones en relación con el mismo periodo de 2025, pero aumentó alrededor de un 50 por ciento el capital movilizado.
“Hacia el final del gobierno, quedó claro que los inversionistas aprendieron a navegar en la incertidumbre y encontraron formas de administrarla”, señalan Felipe Aristizábal y Juan Carlos Gambín, socios de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa (MQMGL&D).
Como advierte Felipe Mariño, socio de Cuatrecasas, las operaciones que se han dado recientemente tienen un denominador común: todas necesitan escala y un uso mucho más eficiente del capital.
Desde Brigard Urrutia, su equipo de M&A, Sergio Michelsen, Jaime Robledo, Fernando Castillo, Tomás Holguín y Ángela García, destacan que las movidas en estaciones de servicio, telecomunicaciones y cemento corresponden a industrias de consumo masivo que se mueven a partir de la demanda de las clases medias principalmente. “Nuevamente se ve el protagonismo de una amplia clase media en Colombia. El inversionista internacional le cree a la escala de la clase media colombiana”, señalan.
Ahora, con la llegada de un nuevo gobierno más cercano a la empresa privada y a la inversión extranjera, se espera un mayor apetito en materia de inversión. Incluso que se materialicen negocios que estaban a la espera de un cambio en el péndulo político. En especial, tras los anuncios de incentivar de nuevo la exploración petrolera, que incluye el fracking, recomponer la compleja situación del sector de salud, promover la vivienda y, particularmente, atender el proceso de reconstrucción que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó al Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.
“Es altamente probable que veamos flujos entrantes inéditos de compañías norteamericanas dada la apertura del nuevo Gobierno con Estados Unidos”, agregan desde Brigard Urrutia.
Sin embargo, el escenario se enfrenta a retos significativos, que van desde el ajuste fiscal que debe adelantar el Gobierno y las decisiones tributarias hasta una mayor estabilidad política y económica. ¿La razón? Son inversiones de largo plazo que irán más allá de estos cuatro años y aún hay preocupación porque el péndulo político se devuelva.
Además, factores económicos como el precio del dólar, las tasas de interés y la misma inflación son claves para definir las nuevas inversiones.
“No creo que el mercado vaya a despegar de un día para otro. Con una tasa de política monetaria del 12 por ciento, la financiación sigue siendo costosa y todavía hay una distancia importante entre lo que los vendedores creen que valen sus compañías y lo que los compradores están dispuestos a pagar”, dice Mariño.
Para los voceros de Brigard Urrutia, unas tasas de interés como las actuales dificultan la inversión. “Es difícil en este momento apalancarse con tasas así de altas y todo proyecto conlleva generalmente un componente de deuda. Además, la tasa de cambio va a convertir los activos colombianos en activos más costosos, pero eso por sí solo no es un desestimulante para la inversión si los retornos son adecuados. Sin embargo, una tasa representativa del mercado (TRM) en los niveles en los que está desestimulará la inversión en activos y proyectos de vocación exportadora. Será más difícil un proyecto de nearshoring con esta TRM. Y la inflación es un enemigo constante para cualquier tesis de inversión. Con escenarios de inflación alta o creciente, se hace difícil proyectar flujos para proyectos”.
Este contexto, advierten los socios de MQMGL&D, ha obligado a incorporar mecanismos de protección en las inversiones que permiten reducir el impacto de estos cambios sobre la ecuación económica que tienen los inversionistas. “Cada vez es más común identificar cláusulas de distribución de riesgo cambiario e incluso el uso de derivados financieros que buscan limitar este impacto. De la misma forma, se ha reevaluado y renegociado la realidad económica de varias operaciones por fenómenos inflacionarios”, anticipan.
A su vez, Lina Uribe, socia de Pérez-Llorca Colombia, explica que el problema no es tanto de incentivos económicos como de reglas de juego: “Al inversionista, sea local o extranjero, no lo asusta tanto pagar impuestos como no saber qué impuestos va a pagar el próximo año. Y esa incertidumbre, en el fondo, es inseguridad jurídica, cambios normativos frecuentes, reformas tributarias que se anuncian y se caen, trámites lentos para licencias y permisos. A eso se suma que las tres calificadoras de riesgo bajaron la calificación a Colombia por el desorden fiscal, lo que encarece el crédito tanto para el Estado como, indirectamente, para las empresas”.
Además, hay entornos internacionales que están impactando las decisiones de inversión. Por un lado, los cambios que se están generando en Venezuela han despertado un nuevo interés de los inversionistas.
“Con este movimiento político, Colombia claramente dejará de ser un receptor pasivo de inversiones, para convertirse también en un inversionista activo en industrias caídas o ya inexistentes en Venezuela. De hecho, ya hay empresarios de diversas industrias explorando oportunidades en ese país, no solamente para intensificar su actividad comercial, sino también para establecer allá algún nivel de presencia permanente”, señala Felipe Cuberos, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU).
Y, por otro, las tensiones geopolíticas que se han generado por el conflicto en Oriente Medio, las decisiones arancelarias que está tomando Estados Unidos y el giro a la derecha en materia política en la región.
Uribe, de Pérez-Llorca, afirma que las tensiones en Oriente Medio han beneficiado, paradójicamente, a los activos energéticos de la región: el riesgo sobre el suministro global disparó los precios del petróleo y el gas, reforzando el papel de América Latina como proveedor alterno de hidrocarburos. “Los aranceles de Estados Unidos, en cambio, han sido más selectivos: países con acercamiento diplomático temprano a Washington, tales como Colombia, Perú y Chile, quedaron en el grupo menos afectado, aunque la incertidumbre arancelaria global sigue enfriando el apetito por operaciones de fusiones y adquisiciones a nivel mundial”.
Para Aristizábal y Gambín, de MQMGL&D, las tensiones geopolíticas globales y las políticas de relocalización de las empresas están provocando una revalorización de los activos de la región, especialmente aquellos ligados a la energía, materias primas y cadenas de suministro. Simultáneamente, el “giro a la derecha” en países latinoamericanos reduce la percepción de riesgo, lo que se traduce en una apreciación del valor de los activos financieros y corporativos al aumentar la confianza de los inversionistas.
Desde Brigard Urrutia, es claro que el giro a la derecha sí influye. “Implica una colaboración muy cercana con el mercado de consumo más grande del mundo. Los hogares estadounidenses consumen el 30 por ciento de los productos del mundo y tienen el 4 por ciento de la población”. Y resalta que Colombia puede tener un papel muy relevante por su posición estratégica y los puertos en el Caribe y el Pacífico. “Acá existe un cuello de botella que debería solucionarse y es que las concesiones portuarias tendrían que renovarse o ampliarse el término para justificar la inversión de ampliación”.