Llegó la hora de pagar el impuesto al patrimonio para empresas, el cual fue creado a la luz de la emergencia económica en ocho departamentos del país, y es la columna vertebral del recaudo, pues aportará al Gobierno al menos 6,3 billones de pesos, según estimativos de Anif, mientras que el total esperado para financiar las necesidades surgidas en medio del estado de excepción es de 8 billones de pesos.
Para adelantar el trámite, la Dian puso a disposición de los contribuyentes el formulario 425, pero, según cuentan algunos contadores que asesoran compañías, muchos de los obligados estarían en el dilema de elegir entre pagar el impuesto o entrar en franca desobediencia.
Las dos alternativas resultan onerosas, pues una implicará un fuerte golpe a la caja de las compañías, impactando así la posibilidad de invertir para crecer y generar empleo. Más aún si se tiene en cuenta la rapidez con la que tendrán que disponer de los recursos para cumplir con la obligación, la cual se suma al impuesto de renta, que es del 35 % para el régimen ordinario, y que subió a ese nivel durante la emergencia por pandemia, con la expectativa de bajarlo después para estimular el crecimiento del sector privado, de manera que tenga espacio para crear empleos e impulsar la economía.
De hecho, la OCDE, el club de países con buenas prácticas, ha recomendado que se grave más a personas naturales de altos ingresos y menos a las jurídicas, para contribuir así a fomentar la competitividad, impulsar la inversión y reducir la desigualdad.
Tomar el riesgo
La otra opción que barajan muchas empresas es la de tomar el riesgo y asumir las consecuencias. Implica que los líderes empresariales mantienen la esperanza de que el impuesto al patrimonio no sobreviva en medio de una ofensiva legal para que sea desmontado por orden de la Corte Constitucional.
La explicación del dilema: pagar o declarar y no pagar
Luego de revisar primero si están obligadas a aportar el tributo, las cerca de 6.300 empresas que tendrán que aportar la primera de dos cuotas que incluye el impuesto, desde este 1.º de abril, están pensándolo dos veces.
El dilema, como se mencionó, está entre pagar o declarar y no pagar.
Para el primer camino, según cálculos del especialista en derecho tributario, Jeisson Ramírez, una empresa promedio que no tenga ninguna exclusión, cuya base gravable general esté en la línea inicial establecida, de las 200.000 UVT-Unidad de Valor Tributario, lo que corresponde a $10.474.800.000, tendría que pagar $52.374.000 (se le aplica la primera tarifa, que es del 0,5 %).
Hay que recordar que el impuesto se genera con el patrimonio líquido (bienes menos las deudas a cargo) que se tiene al 1.º de marzo de 2026, según la norma. El pago debe hacerse en dos cuotas, con el 50 % en cada una de ellas, y la segunda deberá pagarse el 4 de mayo.
Para el caso de un conglomerado empresarial, como el Grupo Cibest, dueño del mayor banco del país: Bancolombia, las estimaciones indican que el impuesto al patrimonio les va a costar aproximadamente entre 350.000 y 400.000 millones de pesos. Ello se debe no solo a que se trata de una empresa gigante, sino a que los bancos, aseguradoras, comisionistas de bolsa y empresas del sector minero-energético tienen una tarifa especial que sube al 1,6 % del patrimonio líquido.
#Economía | ¿Cuánto les costará a las empresas el impuesto al patrimonio? Consejo Gremial señala que será inasumible para el sector productivohttps://t.co/V1CyHcPEAh
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 24, 2026
La alternativa dos está dentro de lo legal, partiendo del hecho de que la obligación de pagar impuestos tiene dos momentos: declarar y pagar. “Si se declara pero no se paga, corren intereses por mora, pero no sanciones. Los empresarios se están jugando la carta del riesgo. Con ella tendrían que pagar esos intereses si el fallo que sea emitido por la Corte deja en firme el impuesto”, afirmó Ramírez.
No faltan los que no pagarán
Y no faltan los que afirman que tomarán el camino de ni declarar ni pagar el impuesto, convencidos de que muy pronto la Corte se pronunciará, atendiendo a las presiones que hubo hasta el 31 de marzo, para que se suspendiera provisionalmente antes de que llegara la fecha de pago.
En conclusión, el Gobierno no la tendrá fácil con el recaudo para la emergencia, si las empresas toman caminos distintos al de aportar sobre el patrimonio, que es el impuesto recurrente que aparece en muchas de las ocasiones en las que hay urgencia de conseguir recursos económicos en el país.