La agroindustria nacional de la caña de azúcar cerró 2025 con un balance productivo positivo, pese a la variabilidad climática y a un entorno internacional adverso. Así lo afirmó Claudia Calero, presidenta de Asocaña, gremio del sector, al señalar que durante el año se molieron 23 millones de toneladas de caña, un 5 % más que en 2024, lo que permitió producir cerca de 2 millones de toneladas de azúcar y 445 millones de litros de etanol, con un crecimiento anual del 10 % en este último rubro.
Además del azúcar y el etanol, el sector avanzó en generación de energía limpia. En 2025, los ingenios nacionales produjeron 1.928 gigavatios hora, de los cuales 880 GWh se vendieron al Sistema Interconectado Nacional y el resto se destinó a autogeneración, consolidando a la cañicultura como un actor relevante en la transición energética del país.
No obstante, el buen desempeño productivo contrasta con crecientes tensiones comerciales. Calero advirtió que, pese a que Colombia exportó 628.000 toneladas de azúcar —un 20 % más que el año anterior—, el 11 % del consumo nacional aparente fue cubierto con importaciones, equivalentes a 178.000 toneladas, de las cuales cerca del 50 % provino de Bolivia. Según la dirigente gremial, esta situación evidencia una asimetría dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), ya que desde 2013 Colombia no ha podido exportar azúcar al mercado boliviano, pese a que el comercio intracomunitario opera con cero arancel.
“Asocaña ha pedido al Gobierno colombiano que revise con urgencia lo que está ocurriendo en la CAN y exija reciprocidad real. No se trata solo de la industria, sino del empleo y la estabilidad de las regiones donde operamos”, afirmó Calero. Las importaciones desde Bolivia crecieron 358 % frente al año anterior, un aumento que el gremio considera llamativo y que, asegura, amerita una revisión técnica y comercial detallada.
A las importaciones bolivianas se suman las recientes dificultades con Ecuador, país que decidió imponer un arancel de 30 % a los productos colombianos. “Nosotros abastecemos el 50 % de las necesidades de azúcar de ese país, lo que el año pasado equivalió a unas 64.000 toneladas, y lo que puede suceder, ahora, es que los ecuatorianos busquen otros productores que no tengan ese arancel. Seguramente Bolivia y Perú van a quedarse con el mercado de Colombia”, advierte la dirigente gremial.
Calero recuerda que en 2018, Ecuador estableció una salvaguardia sin fundamento al país y, a pesar de que el tribunal de la Comunidad Andina le pidió que levantara esa medida, no lo hicieron sino tres años después. “Es necesario superar esta situación por el bien de ambas naciones”, insiste.
El sector enfrenta, además, un momento crítico por la caída de los precios internacionales del azúcar. En la bolsa de Nueva York, el precio del azúcar crudo pasó de 24 centavos de dólar por libra en 2023 a 14,8 centavos, una reducción cercana al 30 %, en un contexto de superávit global liderado por grandes productores como Brasil, India y Tailandia. Esta baja coincide con una fuerte presión de costos, especialmente en combustibles, fertilizantes y mano de obra.
A ello se suma la incertidumbre alrededor del etanol. Aunque la mezcla de este biocombustible con gasolina es obligatoria, el producto nacional no tiene prioridad. Como resultado, en 2025 el 51 % del etanol consumido en el país fue importado, desplazando parte de la producción local y obligando a los ingenios a almacenar excedentes, con el riesgo de frenar líneas de producción de azúcar y energía.
De hecho, los trabajadores del sector cañero, panelero y palmero anunciaron una movilización nacional hacia Bogotá la semana del 23 de febrero por la crisis del etanol y el riesgo de pérdida de empleos.
El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (Sintrainagro), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo Autónoma e Independiente (CGT) advirtieron que más de 54 millones de litros de etanol permanecen almacenados sin salida comercial, una situación que amenaza la continuidad de la producción y pone en riesgo los ingresos de miles de familias del suroccidente del país.
La agroindustria de la caña es un pilar económico y social de esa zona del país. Genera 286.000 empleos formales y permanentes, opera en 50 municipios y, entre 2022 y 2024, aportó el 38 % de la meta nacional de reducción de emisiones, gracias al programa de etanol. Para 2026, el mensaje de Asocaña es claro: sin seguridad jurídica, reglas claras y comercio justo, será difícil sostener la inversión, el empleo y el aporte estratégico del sector al desarrollo regional y a la transición energética del país.
