En la tarde del miércoles 4 de febrero de 2025, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) expresó su preocupación frente al aparte del documento publicado por el Gobierno Nacional, relativo a una serie de preguntas que la Superintendencia de Industria y Comercio estaría realizando a algunas empresas que operan en el país.
Por medio del comunicado, la Andi destaca que, aunque la SIC tiene la posibilidad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, esta facultad la debe ejercer en los precisos términos que la ley establece.
“Excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”, señala la Andi.
Por otra parte, la asociación destaca que, cuando no se actúa en desarrollo de una competencia expresamente atribuida a la Superintendencia de Industria y Comercio, requerir este tipo de información a actores privados puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales.
“Esto afecta la competitividad y la seguridad jurídica, elementos esenciales para los actores del mercado formal en Colombia”, complementa la Andi.
La Andi añade que actualmente no existe norma que asigne a la SIC la competencia para inspeccionar, en sí mismos, aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnología por parte de las empresas.
Junto a esto, la asociación empresarial reafirma que la protección del consumidor colombiano constituye un elemento esencial dentro de nuestro orden jurídico; sin embargo, su ejercicio debe realizarse de manera proporcional y bajo el estricto respeto de los demás derechos constitucionales y legales de los particulares.
“Debe recordarse que, de acuerdo con el artículo 6.º de la Constitución Política, los servidores públicos solo pueden ejercer las funciones que les sean expresamente atribuidas por la ley. En este caso, no resulta claro cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC. Las facultades para solicitar información no son una carta en blanco en un Estado de derecho, en el que los derechos de los asociados, en especial el derecho al debido proceso administrativo, siempre han obrado como límite al poder del Estado”, concluye la Andi.
