La Superintendencia de Industria y Comercio inició una revisión exhaustiva sobre la Catedral de Sal en Zipaquirá, Cundinamarca, en busca de la protección de la competencia y, de paso, al ciudadano que utiliza servicios.
La emblemática catedral, casi un sitio obligado para todo turista que llega, tanto de las regiones como del exterior, tiene un reconocimiento innegable como destino turístico, religioso y cultural. De ello se estarían valiendo para aplicar lo que la Superintendencia llamó “posibles prácticas anticompetitivas de ventas atadas”.
Implica que la administración de la catedral estaría implementando un esquema de comercialización mediante pasaportes en el que se obligaría a los consumidores a adquirir una serie de servicios adicionales para lograr acceder al recinto.
Según la SuperIndustria, dichas prácticas no están permitidas, pues el usuario es libre de adquirir solo la compra individualizada del ingreso a la catedral, si así lo requiere.
Entre tanto, los paquetes, denominados pasaportes, no permitirían a los visitantes elegir libremente los servicios que desean disfrutar.
La compra del tiquete de acceso al templo implica necesariamente la adquisición obligatoria de otros servicios adicionales, que es lo que la SIC busca probar en la investigación iniciada.
Lo que le ofrecen al usuario del servicio
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Industria y Comercio, para la entrada a la Catedral de Sal le estarían ofreciendo a los visitantes el servicio de guía, más el acceso a internet, más el ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza, además del ingreso al Museo Arqueológico de Zipaquirá y el transporte mediante el tren de salida.
Ello hace que muchos turistas e interesados en estar en una jornada en la catedral se vean imposibilitados para adquirir el acceso al lugar.
Esa oferta de servicios adicionales es lo que la Superintendencia ve como un núcleo de posible práctica anticompetitiva.
La entidad de control intenta establecer si se configuraría un “presunto posible abuso de posición de dominio por venta atada”.
Los consumidores estarían viéndose obligados a pagar por servicios que no necesariamente desean o requieren para su visita al complejo.
Esto ocurre justamente en cercanías a la temporada de Semana Santa, una de las más demandantes para el acceso a la catedral.
Se han recaudado pruebas
“De conformidad con las pruebas recaudadas hasta este momento en la actuación administrativa, aproximadamente solo el 50 % de los turistas que adquieren estos pasaportes estarían utilizando efectivamente los servicios adicionales, lo que reforzaría la hipótesis según la cual dichos servicios no resultarían indispensables para la visita a la Catedral y, por tanto, su inclusión obligatoria podría generar afectaciones para la libertad de elección de los consumidores y el incremento de los costos al tener que pagar no solo por el servicio que quiere, sino por los adicionales”, señala la SIC.
Según la SuperIndustria, la situación en la catedral es de especial relevancia para la entidad de vigilancia y control, toda vez que es un punto clave para las apuestas con el turismo que tiene el Gobierno. No en vano, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, el país recibió 14,8 millones de visitantes extranjeros, consolidándose entre los 20 destinos más dinámicos del mundo.