ENERGÍA
“Lo que he hallado es un desorden en Air-e”: Edwin Palma, interventor de la empresa que presta servicios de energía en el Caribe
En los tres departamentos donde opera esta firma intervenida por el Estado subieron la tarifa de energía. Edwin Palma, su interventor, está por concluir su informe. ¿Hay riesgo de que la empresa sea liquidada?
Tarifas iban a bajar, pero subieron en Air-e
SEMANA: Pese a que el Estado prometió bajar las tarifas de energía, en Air-e, que está bajo su intervención, las acaban de subir. ¿Qué está pasando?
Edwin Palma: Air-e es ‘un monstruo’ de compañía. Le presta servicios a 1,2 millones de usuarios, que son más o menos 8 millones de personas en Atlántico, Magdalena y Guajira. Tiene una estructura de 1.400 trabajadores directos, 400 proveedores.
La ciudadanía aspira a que de un momento a otro bajemos la tarifa, pero no es tan sencillo. A tal punto que tuvimos que –infortunadamente– comunicar en estos días que la de este mes tuvo un leve aumento.
‘Si no estuviera intervenida ya habría apagón’
SEMANA: ¿Será solo por un mes?
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E.P.: Los 30 de cada mes se hace la evaluación y se publica cuál va a ser el valor del kilovatio. Mientras sigamos expuestos a la Bolsa de Energía en el nivel en el que estamos, casi al 50 por ciento, no vamos a tener tarifas reducidas. Es un problema estructural, no coyuntural. Y si ahora no estuviera intervenida y continuara en manos de privados, la situación sería más complicada, estaría ya en apagones parciales o totales. Seguimos investigando lo que denunció el anterior interventor (Carlos Diago), y es que pareciera que se disfrazaban apagones de mantenimientos, para bajar el consumo y la demanda.
Lo que la llevó a la insolvencia
SEMANA: ¿Para usted qué fue lo que finalmente llevó a que la empresa entrara en insolvencia?
E.P.: Puede ser muy prematuro juzgar si unas cosas estuvieron bien y otras mal. Eso lo investigarán las autoridades. Pero lo que he encontrado es un desorden en distintos procesos de Air-e. Por ejemplo, hay cerca de 400 proveedores. Fue con los primeros grupos de interés que conversé, porque de ellos depende mucho que se continúe prestando el servicio. Ahí están, desde los que quitan la maleza y evitan que los árboles afecten las redes; hasta los que administran los sistemas. Encontré que no todas esas relaciones estaban regularizadas. Contratos en ejecución que no tenían ningún documento soporte. En ese frente activamos un plan de choque para reglamentarlos según la ley y si no se necesitan, terminarlos. Muchas cosas puede que estén en el marco de la norma, pero se realizan de forma no eficiente.
SEMANA: El pago a terceros, de lo que recauda Air-e para otros servicios como alumbrado, ha sido motivo de quejas. ¿Qué más ha encontrado?
E.P.: La empresa recauda el pago de los servicios de aseo, de alumbrado público, tasa de seguridad y convivencia ciudadana, y hubo un momento en el que esos pagos se suspendieron. Ese recaudo debe ponerse a disposición de quien tiene el derecho al pago. Estamos analizando si dicha suspensión tuvo justificación legal.
Otra situación es la que hay alrededor de los proyectos de normalización de redes eléctricas que se llaman Prone. En cuatro años debieron adelantarse cerca de 180 y solamente se hicieron cuatro. Con el Ministerio de Minas tratamos de identificar cuáles de esos proyectos suspendidos se tienen que terminar y cuáles reanudar, porque, al final, lo que hay son personas de escasos recursos que necesitan que se les normalice su servicio público esencial de electricidad. Obviamente, también habría impacto positivo para la compañía en la medida en que se puede aumentar el recaudo y reducir las pérdidas.
La promesa de bajar tarifas ¿se cumplirá?
SEMANA: Una vez conocieron las realidades que tiene una empresa como Air-e, ¿qué tan alcanzable es la promesa de bajar tarifas?
E.P.: En una intervención todos los días se enfrentan dilemas éticos, políticos o económicos. El del fin de semana fue difícil, pues estábamos prometiendo trabajar en la reducción de tarifas, lo que no es una tarea fácil, pero era lo responsable. Este problema lleva 20 años y es multicausal. Mi obligación transitoria –como interventor– es administrar de la mejor forma la compañía. Si se toma la decisión pensando en quedar bien ante la opinión pública, se hace un daño enorme a la empresa.
SEMANA: ¿Pero se pueden bajar tarifas?
E.P.: En efecto se puede. La Creg tomó ya una decisión en la que se pone un techo al precio en la generación, pero, insisto, no es un tema inmediato. La tarifa tiene varios componentes, el de mayor impacto es el de la generación, pero se le suma el de pérdidas, que también es un problema grave en esta región del país, y tiene cerca del 80 por ciento de la subnormalidad eléctrica de Colombia. Son 1.600 millones de pesos diarios en pérdidas por robo de energía.
Hay otra circunstancia que impacta y es la gente que vive en estratos 1 y 2, que están subsidiados en 60 y 50 por ciento por el Estado, pero tienen una mejor estratificación en comparación con la que aparece en el recibo. Se requiere estratificar correctamente, aunque para los alcaldes sea una medida impopular, porque nadie quiere que le pongan a pagar más. Este es un problema en el que todos tienen cuota de responsabilidad. Si cada quien asume la propia, se puede salir adelante.
Compra directa a generadoras
SEMANA: Se hablaba de una regulación para permitir compra directa de energía a las generadoras. ¿Qué ha pasado?
E.P.: Hoy la regla es que se compre en Bolsa, pero lo ideal para una situación como la que estamos viviendo actualmente es poder asegurar contratos de larga duración a muy buen precio en el mercado. Recientemente, estuvimos pagando energía –y por eso es el alza de tarifa– al precio de escasez, que más o menos era de 900 pesos, porque las tarifas en Bolsa llegaron a 2.000 pesos, producto del fenómeno de El Niño, del verano... Al darse ese choque entre la oferta y la demanda, sube la exposición al mercado, lo que causa perjuicio a los usuarios. Y no tenemos contratación directa con las generadoras en razón a que piden garantías financieras.
¿Y con qué comprarán energía?
SEMANA: ¿Con qué va a comprar Air-e si está intervenida justamente por insolvencia?
E.P.: Aquí hay un problema de plata. Cuando el Estado interviene a una empresa está el fondo empresarial. También el Ministerio de Hacienda le adeuda a la compañía unos recursos por subsidios que ha prometido cubrir prontamente. Eso, más las deudas de los municipios, las oficiales y las de las personas, suma mucho. Insisto en que cada quien tiene su cuota de responsabilidad.
¿Riesgo de ser liquidada?
SEMANA: ¿Hay algún riesgo de que Air-e tenga que ser liquidada?
E.P.: De llegar a ser necesario, esa decisión la tendrá que tomar la Superintendencia de Servicios. Mi labor hoy es construir el informe, administrar la empresa para garantizar la prestación del servicio. La Superservicios tendrá tres caminos de acuerdo con la ley: liquidar, administrar con fines liquidatorios o administrar temporalmente.
SEMANA: Todo depende del informe y, por ahora, el panorama suena complejo.
E.P.: El informe que presentaremos será pieza fundamental para la decisión.
De dónde puede salir la plata
SEMANA: ¿Qué opciones hay en materia de plata si el mismo Estado, que le debe, no tiene recursos?
E.P.: La situación de la compañía es grave en términos financieros. La exposición a Bolsa también es gravísima, porque tuvimos momentos en los que se compró energía por un valor de 3 millones de dólares diarios. Eso es insostenible. Aun así, si se solucionan muchas de estas circunstancias, la empresa puede ser viable.
SEMANA: En cuanto a la propuesta de rehacer la fórmula de la tarifa para que se quiten algunos cobros generales, como el de las pérdidas negras, ¿lo ve viable?
E.P.: Eso es parte de los ajustes regulatorios que se deben revisar y hacer. Además de la idea de separar la distribución de la comercialización, hay otra que consiste en socializar las pérdidas de la costa Caribe, que son las más altas del país, para que aporten todas las regiones. Hay que entender que el problema no es solo de la región, ni de los tres departamentos que atiende Air-e. Así como ha habido otras crisis, la bancaria, por ejemplo, que requirieron la solidaridad de todo el país, también podría hacerse en este caso.
SEMANA: ¿El fondo empresarial tiene plata para ponerla ahora que se requiere?
E.P.: Ese fondo lo maneja la superintendencia. En esta oportunidad, frente a una obligación financiera que tenemos de noviembre, quedaron de hacer un aporte cuyo desembolso esperamos en estos días, pues es para pagar una factura de energía que tenemos con XM. Estamos mes a mes intentando garantizar la prestación del servicio, funcionando con lo mínimo. Nuestro recaudo nos permite cubrir la operación mínima: trabajadores, proveedores, comprar algo de energía, pero vamos acumulando una deuda que cada día se hace más grande. Plata se le debe a todo el mundo, pero las mayores deudas son para obtener la energía.
El gasto en personal
SEMANA: Se dice que en medio de esta crisis, en vez de reducir gastos, en personal, por ejemplo, tienen hasta nómina paralela. ¿Qué hay de cierto?
E.P.: Al contrario. Al operar al mínimo, no vamos a llenar muchas vacantes pendientes. Hemos acabado jefaturas, se han disminuido salarios de personal directivo. En el próximo monitoreo entregaremos a la superintendencia la propuesta de cómo va a quedar la estructura de la empresa. Lo que hemos hecho es optimizar, así que no tiene sentido que estemos en austeridad y haya derroche administrativo, sin que eso implique que no se respeten los derechos de los trabajadores.
SEMANA: ¿Existe riesgo de llegar a aplicar cortes de energía porque hubo falta de mantenimiento de las líneas de transmisión y de distribución?
E.P.: Siempre hay riesgo porque esta es una actividad que tiene amenazas por todos lados: cuando llueve puede afectarse, algún deterioro de la infraestructura impacta. No obstante, nuestros trabajadores y proveedores están en disponibilidad de atender de la mejor manera posible.
SEMANA: Si llegara a haber una liquidación, ¿quién podría asumir rápidamente el servicio? ¿Qué pueden esperar los usuarios en los siguientes meses?
E.P.: La labor del agente especial de intervención es transitoria, de cuatro meses, que concluye el 12 de enero. El informe tendrá que ser entregado al final de este mes, luego del cual saldrán las decisiones de la superintendencia.
SEMANA: ¿Se vienen nuevas alzas en tarifas?
E.P.: Parece que la tendencia del precio de la energía en Bolsa es a la baja. Con eso, más los ajustes que se están haciendo, esperemos que no. Pero es algo que se revisa mes a mes.