La plataforma digital de domicilios que opera en Colombia tendría que enfrentar una investigación, porque al parecer no ha cedido para tener diálogos con los domiciliarios que trabajan en la empresa, los denominados ‘Rappitenderos’. Según Fedesarrollo, en febrero de 2020 estimó que en el país cerca de 200 mil trabajadores estaban laborando en plataformas.
Las causas de estas investigaciones se dan por presunto incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo y por la posible negativa a negociar con el sindicato, que podría infringir normas propias de los derechos de asociación y negociación colectiva, a la luz de los convenios 87 y 98 de la OIT, así lo señalan los autos número 22 y 28 de 2022, que ordenan iniciar la investigación en contra de RAPPI SAS.
“Las investigaciones se inician por denuncia interpuesta por la Unión de Trabajadores de Plataformas (Unidapp) y en asocio con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y como lo hemos manifestado en esta cartera, se acabó el silencio frente a estas querellas y que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras”, anunció la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al confirmar que se abre investigación contra la plataforma Rappi SAS.
Las quejas fueron asignadas a la Unidad de Investigaciones Especiales, Unidad Élite de Inspectores de Trabajo que investiga diferentes conductas de amplia trascendencia nacional por su impacto social o económico.
La titular de la cartera laboral también explicó que: “Si hay méritos, se abrirán las investigaciones pertinentes y se impondrán las sanciones a que haya lugar, además de efectuar las respectivas acciones preventivas”.
La Organización Internacional del Trabajo ya se ha pronunciado respecto de estas nuevas de empleo en la era digital, al afirmar que: “Las plataformas digitales de trabajo crean oportunidades sin precedentes de trabajo para los trabajadores, las empresas y las sociedades en general, al estimular la innovación a gran escala en todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, representan una amenaza grave para el trabajo decente y la competición leal”.
Para el caso de Colombia, la misma OIT en un estudio de diciembre de 2021, caracterizó los trabajadores que prestan su servicio en las plataformas para indicar que son principalmente “hombres jóvenes, con niveles de educación hasta básica secundaria y migrantes”.
Sin embargo, las medidas restrictivas de la movilidad para frenar el contagio de la COVID-19 aumentaron la demanda de este tipo de servicio. Con el incremento del número de pedidos se elevaron también las solicitudes para trabajar en las plataformas de pequeños encargos. Para abril de 2020, solo una de ellas, Rappi, reportó haber recibido 45 mil solicitudes nuevas de ingreso”.
Rappi, que a mediados de este año reconoció al sindicato, sostiene que sus repartidores “independientes (...) pueden generar el doble de ganancias por hora” que un empleado con el salario mínimo legal (unos 212 dólares al mes).
“Ganan más de lo que gana el 70 % de la población colombiana por hora”, enfatiza la compañía en un comunicado. La llegada de más de dos millones de migrantes venezolanos a Colombia ha jugado a favor de la plataforma, que ofrece entregas a precios bajos gracias a la abundante mano de obra.
También la pandemia “le cayó como anillo al dedo” a la aplicación. “De ahí en adelante, Rappi hizo y está haciendo todo lo que se le antoja”, se lamentó Luz Myriam una rappitendera. La valoración de la empresa creció un 420 % entre septiembre de 2018 y julio de 2021. Hoy hacen entregas en Argentina, Brasil, México, Chile y otros cinco países latinoamericanos.