El balance del terremoto que azotó a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Risaralda el pasado 10 de agosto es dramático y doloroso. Hasta el 27 de agosto, la UNGRD reportó 331 muertos, 4.449 heridos, 219 desaparecidos y 406.113 personas afectadas.
Los daños materiales también son de gran magnitud: 187.839 viviendas averiadas y 33.925 destruidas, además de 6.732 edificios afectados y 655 colapsados.
La infraestructura pública y de servicios también registra daños: 377 centros de salud, 3.833 instituciones educativas y 4.358 centros comunitarios resultaron impactados por el sismo. A esto se suman afectaciones en 473 vías, cinco aeropuertos, 121 acueductos, 76 puentes vehiculares y nueve puentes peatonales.
El país enfrenta uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La reconstrucción costaría inicialmente unos 30 billones de pesos, según el presidente Abelardo De La Espriella. El Gobierno ya decretó la emergencia económica para abrir espacio fiscal y atender a las víctimas y a las zonas afectadas. Además, avanza en la creación del Fondo Milagro, que canalizará los recursos para financiar la reconstrucción.
Se está a la expectativa de los decretos que saldrán a la luz de la emergencia económica y cómo será la operación del Fondo Milagro.
La situación presenta una paradoja, pues ahora el Estado tiene que volcarse a atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción, que con las obras de infraestructura y vivienda generará crecimiento vía inversión.
“Esa inversión en infraestructura, vivienda y salud, que estaba atrasada, ahora es prioritaria. Ese tipo de inversión sí será productiva”, dice Mauricio Piñeros, country chair de Pérez-Llorca Colombia.
Con la tragedia, se trajo a la memoria el modelo del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) tras el terremoto de finales del siglo pasado que sacudió esa región del país y dejó más de mil muertos.
Para Alejandro Mesa, managing partner de Baker McKenzie, este es uno de los temas clave en materia de institucionalidad para manejar los recursos. “Muchos están diciendo que implementemos un esquema similar porque ese funcionó bastante bien hace 27 años”, afirma.
Por su parte, Martín Acero, socio director de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría (PPU), advierte que para enfrentar esta situación debe darse un conjunto de esfuerzos públicos y privados. “Lo del Forec es un excelente precedente para revisar, con todo y los aprendizajes que eso dejó”.
Ahora, hay que analizar cómo queda la agenda del Gobierno, porque a su llegada, y luego de la segunda vuelta, reafirmó su compromiso de austeridad fiscal, “pero eso creo que va a cambiar con el terremoto, porque va a ser necesario invertir sumas importantes de dinero”, dice José Alejandro Torres, socio de Posse Herrera Ruiz. Explica que la racionalización de cargas tributarias es fundamental para recuperar la rentabilidad de las empresas, hecho que va de la mano con la disciplina fiscal. “Pero hay que repensar cómo podemos cumplir esos dos propósitos de manera simultánea tras el sismo”.
Aunque el Gobierno en principio ha advertido que no habrá impuestos para atender la emergencia, el abanico jurídico para buscar recursos puede ser amplio: exenciones tributarias o modelos como la Ley Páez, para facilitar la inserción de nuevas empresas en la región.
Para Piñeros, un tema clave en este momento es el de obras por impuestos. Explica que en Colombia existe una regulación que les permite a las empresas pagar parte de sus impuestos realizando proyectos que pueden ser de infraestructura. “Le hemos dicho al Gobierno: tiene que flexibilizar las obras por impuestos para enfocarlas en la reconstrucción y que las empresas puedan hacer obras en las zonas afectadas, reconstruir hospitales, escuelas, universidades”.
También se esperan mayores incentivos, por ejemplo, a la generación de empleo o en materia de donaciones para darles mayor espacio. Solo en los primeros días, las grandes empresas del país aportaron cerca de 1,5 billones de pesos para la reconstrucción. “Ese tipo de cosas es lo que va a ocurrir seguramente a partir del decreto de emergencia y serán medidas que se podrían tomar”, agrega Piñeros.
Acero pide, como todos, que haya pulcritud y transparencia en la forma en que se invierten los recursos, pero también advierte la oportunidad que se puede estar abriendo para las zonas afectadas. “Imagine cuántas empresas pueden terminar estableciéndose en Cali para su recuperación, después de muchos años. O el Estado volteándose al Chocó y llevando la inversión privada a una zona que históricamente ha sido olvidada”.