FedeSeguridad realizó este 15 de abril un fuerte pronunciamiento frente a lo que considera es la estigmatización institucional de las empresas formales de la industria de vigilancia y seguridad.
La Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada -el gremio que une y representa a las principales empresas de vigilancia privada, seguridad electrónica y de transporte de valores de Colombia- advierte que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Vigilancia están afectando a compañías legales, a vigilantes y a operadores que cumplen con la normativa vigente.
Las empresas suspendidas por infiltración de grupos ilegales
Estas declaraciones de los representantes del gremio se dan tras el anuncio de suspensión de la licencia de 31 empresas de seguridad por tener infiltración de grupos ilegales.
Esa decisión ocurrió meses después de que SEMANA revelara en exclusiva, en 2025, cómo bandas criminales usaban empresas de vigilancia para “legalizar armas de fuego” en Barranquilla.
Tras la decisión, FedeSeguridad expresó su posición por medio de una comunicación en sus redes sociales.
“Respaldamos las medidas de la Superintendencia de Vigilancia frente a presuntas irregularidades. Rechazamos conductas que desvíen el objeto autorizado o faciliten acceso a armamento a actores al margen de la ley. Cumplimiento normativo y control son base de la legitimidad del sector”.
El gremio indicó que estas conductas vulneran el ordenamiento jurídico y afectan la legitimidad y confianza que deben regir la prestación formal de los servicios de vigilancia y seguridad privada.
La estigmatización que denuncia FedeSeguridad
Sin embargo, este 15 de abril, emitió un nuvo pronunciamiento, esta vez expresando su descontento por la generalización que se produjo tras la medida y por la irregularidad en las acciones de la Superintendencia, que calificó de estigmatizaciones.
“Una cosa es combatir la ilegalidad y otra muy distinta es estigmatizar a todo un sector legal, el de la vigilancia y la seguridad privada, tratándolos como si fueran paramilitares. Respaldamos que se cierren y se sancionen las empresas ilegales o infiltradas por el crimen, pero eso no puede ser una excusa para estigmatizar a todo un sector formal. Cuando estigmatizamos a las empresas también se afecta al vigilante, que madruga, cumple la ley y nos cuida 24/7”, señala FedeSeguridad.
“Y aquí no estamos hablando de un hecho aislado; estamos frente a una secuencia muy clara: primero señalan al sector, luego lo encarecen, después le frenan los trámites y al final lo sancionan”.
Los señalamientos contra la SuperVigilancia
La estigmatización no es el único motivo del gremio para pronunciarse.
El gremio denuncia que actualmente existe un grave represamiento de trámites en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, situación que dificulta la operación regular de las compañías formales.
Indica que existen procesos esenciales con tiempos promedio de espera de 391 días, mientras algunos trámites acumulan hasta 1.348 días sin respuesta, es decir, casi cuatro años.
El gremio señala que, de las 31 empresas sancionadas, casi el 40 % fue creado en los últimos tres años.
“Hay una empresa que tiene 82 acreditaciones pendientes, y estos no son trámites menores. Estamos hablando de acreditaciones de personal, autorizaciones de armas, aperturas de agencias, cambios de representación legal. Entendamos que sin esto una empresa no puede operar dentro de la ley", asegura.
“Entonces, lo que no puede pasar es que a las empresas que cumplen se les genere una mora porque el mismo Estado no permite que los trámites estén al día. ¿Y qué pasa? Son sancionados", arremete el gremio
Además, el gremio habla de otro frente “gravísimo: el trabajo con caninos”, el endurecimiento de las exigencias para la prestación de servicios con caninos especializados.
Según señala, desde la Superintendencia se están imponiendo requisitos cada vez más difíciles de cumplir, como la presencia de etólogos certificados en el puesto de trabajo y visitas veterinarias semanales.
“Al servicio canino se le están imponiendo exigencias que hacen que cada vez sea más difícil prestar este servicio. Se les exigen etólogos certificados en el puesto de trabajo, visitas veterinarias semanales; ni un ser humano va al médico con esa frecuencia. Son unas cargas cada vez más difíciles de cumplir. Esto es muy complejo porque el canino sigue siendo el único medio técnicamente probado para la detección efectiva de explosivos y narcóticos en tiempo real”, destaca el gremio.
El vainazo al Gobierno Nacional
Por último, expresa su preocupación por el tema de los escoltas en el país, señalando que al sector privado y de vigilancia se le exigen cursos, exámenes, antecedentes limpios, credenciales de la Supervigilancia y reentrenamiento permanente para poder poner un escolta en la calle.
“Pero, por la otra orilla, el Gobierno expide dos decretos que abrieron la puerta a un esquema de 6.000 escoltas estatales sin que estén claros los mismos filtros, exigencias y controles que sí se le imponen a los mismos”.