Se les llenó la copa. Los transportadores agremiados en la ACT (Asociación de Transportadores de Carga), al parecer, se cansaron de tocar puertas en Colombia, donde se han adelantado diversas mesas de trabajo, para poner sobre la mesa las realidades que están enfrentando, por cuenta de “acciones terroristas, robos, hurtos, bloqueos de vías, extorsión, esclavitud laboral, estigmatización, opresión, discriminación, asesinatos, secuestro exprés, agresiones físicas, entre otras”, que padecen en el ejercicio de su actividad.
Ante ese panorama, elevaron una petición ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de pedir un monitoreo internacional que apoye la defensa y protección de los derechos humanos de los conductores y propietarios de vehículos de carga, argumentaron.
En ese sentido, solicitan a la comunidad internacional que dichos hechos sean condenados, no vuelvan a ocurrir y se adelanten las investigaciones de manera expedita alrededor de los ya ocurridos.
Adicionalmente, reclaman que tales hechos sirvan de base para la adopción de medidas cautelares en el país.
Fuerte reclamo
En la petición que los transportadores hicieron ante la comunidad internacional refieren hechos que los afectan y mencionan que, inclusive, hay trabajadores que han perdido la vida o han sido afectados en su integridad física, sin contar con pérdidas materiales al ser víctimas de vandalismo contra sus vehículos, que en muchos casos son su medio de subsistencia y a veces el patrimonio de toda su vida
Adicionalmente, en materia laboral también manifiestan que tienen sobrecargas laborales descomunales, en parte, por los largos tiempos que deben permanecer en las vías en espera de que abran de nuevo los pasos cuando son bloquedos.
Pero también argumentan que padecen altos niveles de estrés que derivan de las circunstancias inverosímiles que se presentan en las vías nacionales.
Lo cierto es que los transportadores señalan ante la comunidad internacional que son uno de los grupos sociales más sacrificados y con atentados en su contra, por la característica típica del conflicto sociopolítico-armado en Colombia, dijeron a la CIDH.
Un problema de décadas
Según dijeron a la comunidad internacional, los transportadores vienen padeciendo circunstancias que afectan su actividad desde hace décadas.
Señalan que han perdido sus vehículos en actos terroristas perpetrados por organizaciones criminales, pero a veces, por delincuencia común o en manos de la misma comunidad durante las protesas. En otras palabras, describen ser víctimas de la situación de violencia en las carreteras que se vive en Colombia, según narraron en el documento.
Es más, hablan de que el resultado hasta ahora los ha llevado -en ocasiones- a que algunos tengan que abandonar su actividad, llevándolos así a buscar otras alternativas para laas cuales no están entrenados, lo que los lleva a padecer fuertes efectos en su subsistencia.
Se sienten excluidos
En la misiva, los transportadores expresaron que se sienten excluidos, en el sentido en el cual, existen normas desde el Estado que afectan su actividad laboral, motivos estos por los cuales piden un monitoreo, ya que existen prácticas monopólicas que los llevan a sentirse desprotegidos, dijeron en el documento presentado ante la comunidad internacional.