La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) rechazó la expedición del Decreto 0415 de 2026, al considerarlo ilegal, contrario al marco jurídico vigente y perjudicial para los trabajadores colombianos.
El gremio, que representa a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, advirtió que la medida ordena el traslado de aproximadamente $25 billones hacia Colpensiones, recursos que pertenecen a los afiliados a los fondos privados de pensiones (AFP).
Según Asofondos, esta decisión afecta directamente la confianza en el sistema, pone en riesgo la protección del ahorro individual y genera incertidumbre sobre la sostenibilidad pensional en el largo plazo.
“A nosotros nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional, que es nuestro mandato legal, por eso no escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
La asociación calificó el decreto como una decisión de “enorme gravedad”, señalando que las normas actuales establecen que dichos recursos deben permanecer invertidos y bajo la administración de las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.
Además, recordó que, en caso de que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo del Banco de la República no esté en operación, los fondos privados deben continuar gestionando estos recursos.
Asofondos anunció que iniciará acciones legales en el menor tiempo posible con el objetivo de defender el ahorro pensional, preservar la legalidad y evitar la creación de un precedente que afecte la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Asimismo, hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que emitan directrices claras sobre cómo proceder ante una situación en la que el decreto contradice de forma evidente el marco legal vigente.
“Lo hemos dicho de manera clara y responsable: el deber fiduciario de las administradoras es cuidar el ahorro de los afiliados. Ese deber no es opcional. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de la institucionalidad y del Estado de derecho, para proteger esos recursos”, agregó Velasco.