El aumento del salario mínimo tiene tanto de ancho como de largo. Por un lado, muchos celebran un incremento que, entre otros, podría esfumarse rápidamente, teniendo en cuenta que el alza aplicada está indexada a muchos gastos inaplazables en los que tienen que incurrir las familias. En otras palabras, está el riesgo de que —como se dice coloquialmente— salga lo comido por lo servido. Es decir, que la situación financiera de quienes hoy celebran la medida pueda apretarse.
Los efectos ya empiezan a sentirse, debido a la indexación que tiene este incremento con muchos de los gastos inaplazables para las familias y los individuos.
Es así como, el incremento decretado de manera unilateral, que fue del 23,7 % para 2026, contra todo pronóstico y mucho más allá de las propuestas de los integrantes de la mesa de concertación de política salarial, golpeará el bolsillo de los padres o madres que deben aportar cuotas alimentarias, en los casos en los que se produjo una separación y uno de los progenitores quedó con la custodia del menor.
La abogada especialista en derecho de familia, Ariadna Herrán Galindo, de la firma Cafore Abogados, señala que el aumento exige una revisión responsable de las obligaciones.
Advierte además que “muchos padres desconocen que, si la cuota fue fijada en salarios mínimos, el ajuste es automático. El error más común es dejar de pagar el nuevo valor, lo que activa de inmediato procesos ejecutivos e incluso consecuencias penales”, aseguró la experta.
Para la firma de abogados, dicho ajuste automático “impacta miles de procesos activos en el sistema judicial y administrativo de familia en Colombia”.
Significaría entonces que podría producirse una carga histórica para la justicia. No en vano, ya se venía presentando un incremento de denuncias y procesos por inasistencia alimentaria. Tanto así que, entre 2010 y 2019, “Colombia acumuló 717.669 denuncias por inasistencia alimentaria”, confirmó la firma de juristas.
En el año de la pandemia (2028) fueron reportados 30.203 casos , pero en 2021 la cifra pasó a 41.846 procesos, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía, citadas por Cafore Abogados, que además menciona que en 2025 se iniciaron más de 15.948 procesos por inasistencia alimentaria. “Es una de las principales causas de judicialización en materia de familia en Colombia, de acuerdo con la Fiscalía”, señala la experta.
Alzas generan picos de incumplimiento
Del análisis realizado por la firma de abogados Cafore se desprende que, si bien el incremento del salario mínimo no crea nuevas obligaciones alimentarias, el hecho de que la cuota se actualice automáticamente cuando fue fijada en salarios mínimos sí impactará a los colombianos.
De hecho, la abogada Herrán Galindo señala que habitualmente, cuando se producen alzas en el mínimo, se generan picos de incumplimientos. Más aún ahora que el incremento fue tan alto que ni los sindicatos lo esperaban (ellos pedían un aumento del 16 %).
Pero el mayor monto, en ningún caso, lleva a que se acepte una dificultad económica como justificación para incumplir. “El implicado tendría que solicitar formalmente una revisión de la cuota ante la autoridad competente”, manifiesta la abogada.
Más gente en la cárcel por inasistencia alimentaria
Para la firma de abogados, el escenario que plantea un incremento del salario mínimo, para quienes deben pagar la cuota alimentaria más alta, traería las siguientes situaciones en la justicia: “procesos ejecutivos de alimentos; conciliaciones fallidas ante comisarías de familia e ICBF; procesos penales por inasistencia alimentaria; embargos de salario, cuentas bancarias y bienes; más impedimento de salida del país”.
En conclusión, según Cafore Abogados, “el incremento del salario mínimo se convierte en un factor determinante que puede agravar los conflictos por alimentos si no se gestiona de manera adecuada y oportuna. Más allá del ajuste económico, el escenario actual pone en evidencia la necesidad de mayor educación jurídica, diálogo entre las partes y uso de los mecanismos legales de revisión y conciliación”.
El decreto que estableció el incremento del salario mínimo, de manera unilateral, por parte del gobierno, enfrenta ya demandas ciudadanas, mientras el Ejecutivo prepara una marcha en defensa de la medida.
