El sector de la construcción está preocupado por un borrador de resolución, por parte del Ministerio de Agricultura, que pretende declarar varios municipios aledaños a Bogotá, como zonas de protección para la producción de alimentos. De aprobarse, la disposición podría restringir el desarrollo de varios proyectos inmobiliarios y comerciales, ya que estos terrenos solo estarían habilitados para la actividad agrícola.
El proyecto publicado en la página del ministerio, con fecha del 17 de agosto, en el objeto, señala explícitamente:” se declara una Zona de Protección para la Producción de Alimentos en la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”.
Allí se resuelve que: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, se declaren como zonas de protección, dedicadas exclusivamente para la producción de alimentos, actividades agropecuarias, sustentándose en el uso eficiente del suelo.
Según la metodología que sustenta la resolución: “El objetivo de estas áreas es salvaguardar los suelos destinados a la producción de alimentos, integrándolos de manera estratégica en los procesos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial”.
Si bien en el marco jurídico no se prohíbe el adelantamiento de proyectos de construcción o infraestructura, si habría varios terrenos en los que no se podrían adelantar estas actividades, de hecho, podría darse el caso que en algunos de estos predios, donde se adelanten dichas labores, se consideren dentro de los territorios protegidos, lo que impediría muchos proyectos.
Más de 50 mil hectáreas de tierra en la sabana de Bogotá se afectarían, asegura Camacol
En una carta de casi 40 páginas, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), dirigida a la ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, le piden que se revisen los alcances de la resolución, o en lo posible, que la retiren, pues el gremio se vería altamente afectado, además, añaden que se ponen en riesgo algunas disposiciones de protección ambiental.
En uno de los apartes, Camacol analizó los alcances, y señalan, explícitamente que lo dispuesto en las zonas de protección vulneran elementos propios del marco legal del ordenamiento territorial.
En principio, habría una vulneración a la autonomía municipal, a determinantes ambientales de superior jerárquica como el POMCA del Río Bogotá. al principio de participación democrática y coordinación, y al principio de seguridad jurídica.
“En análisis técnico, el Gremio argumentó que: 1. Se afectan 50.800 hectáreas (has) de suelo en los municipios de la sabana centro 2. Se afecta el 46.7% del suelo de expansión urbana para 8 municipios de la sabana centro (406 has de 871 has) 3. La medida afecta sobre planes parciales adoptados 4. La medida afecta 10.091 has de zonas de protección definidas en otros instrumentos (POMCA) Por tanto el Gremio en su regional de Bogotá y Cundinamarca en un completo documento técnico le pide al Ministerio de Agricultura revertir esa propuesta de resolución”.
Dentro de las consideraciones finales, firmadas por el gerente regional, Edwin Chiriví Bonilla, aseguran que están en riesgo elementos estructurales de los municipios, como por ejemplo: las mallas viales, áreas de protección y conservación ambienta, además que se restringiría la adecuación de áreas para el espacio público.
“Además de representar una gran afectación al principio de legalidad y a los principios constitucionales de seguridad jurídica, participación democrática y concurrencia anteriormente mencionados, se desatiende la correcta planificación del territorio en la cual se conserve y se protejan los elementos estructurales de los municipios”, concluyen en la carta.
