Partiendo de la premisa que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-Superservicios- dice tener, según la cual, ha evidenciado una alta concentración de ingresos en el segmento de comercializadores puros de gas por redes, la entidad de vigilancia empezó a poner la lupa.
De acuerdo con lo expresado por la superintendencia, se estaría adelantando un modelo de negocio altamente dependiente del costo de adquisición del gas y una dinámica creciente de compra y reventa sucesiva en el mercado secundario, lo que va afectando el precio final al usuario.
Un comercializador puro no es otra cosa que un intermediario que no atiende usuarios finales.

Según informe elaborado por la entidad de vigilancia, los ingresos totales por la actividad de comercialización en 2023 fueron de $2,99 billones y en 2024 ascendieron a $3,23 billones.
Para la Superintendencia, cuando la comercialización pura se concentra en la compra y reventa de gas en el mercado secundario “puede generar escalonamientos en el precio si no existe una agregación de valor operativo, logístico o de gestión de riesgo que justifique dicho margen”, advierte la entidad.
#Economía | MinMinas activa un plan temporal de contingencia ante el incumplimiento del abastecimiento de ACPM por parte de Ecopetrolhttps://t.co/HyqfgUTiAe
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 4, 2026
Protección del usuario
SuperServicios manifiesta que su misión es la protección del usuario, pues, cada eslabón adicional en la cadena de comercialización trasladaría costos adicionales al precio final, lo que en definitiva “afecta la eficiencia económica del servicio público domiciliario”, dice el informe.

De acuerdo con el documento de la superintendencia, si bien la intermediación está regulada por la Creg-Comisión de Regulación de Energía y Gas, “ningún eslabón de la cadena puede traducirse en ampliaciones injustificadas del precio final al usuario”, advierten.
¿Qué están revisando?
Dentro de las revisiones que adelanta la Superintendencia se destacan: la evaluación de la compra y reventa sucesiva, y si ellas contribuyen efectivamente a la eficiencia del mercado o generan sobrecostos acumulativos en la cadena.
Además, le realizan una trazabilidad del precio del gas desde el productor hasta el usuario final, con el propósito de identificar el número de intermediaciones y su efecto agregado en el precio final.
También intentan evaluar el comportamiento del diferencial comercial y la coherencia económica de los márgenes reportados.

Propuestas según lo hallado
En el curso de las revisiones adelantadas, la Superintendencia hizo varias propuestas, como la de analizar mecanismos que eviten encadenamientos excesivos de intermediación cuando no acrediten eficiencia ni gestión efectiva de riesgo.
También la entidad de vigilancia propone crear incentivos aplicables a esquemas de contratación directa que reduzcan intermediaciones innecesarias y promuevan competencia efectiva.
Pero además, procuran reforzar el análisis bajo el principio de eficiencia económica del servicio público, garantizando que la comercialización contribuya a la competencia y no a la ampliación injustificada del precio final que afecten a los usuarios.
Podrían resultar sancionados
“De identificarse prácticas que comprometan la eficiencia económica del servicio o afecten la protección del usuario, la entidad adoptará las acciones correspondientes dentro del ámbito de sus competencias legales, protegiendo los derechos de los usuarios que son el centro de la prestación de los servicios públicos domiciliarios”, concluyó SuperServicios.
