La Contraloría General de la República presentó este jueves, 16 de julio, los resultados del seguimiento a los recursos asociados a la emergencia social y ecológica declarada mediante el Decreto 0150 de 2026. El informe dio cuenta de una preocupación de la entidad sobre la ejecución “prácticamente nula” de los recursos destinados para atender la emergencia causada por la ola invernal durante este año.
Detallaron que, con corte al 18 de junio de 2026, el recaudo proveniente del impuesto al patrimonio y de los mecanismos de alivio tributario ascendía a 7,59 billones, que equivale al 87,5 % de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia.
Este monto no cubría aún los 8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación, situación que representaba un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año.
“La Contraloría observó que, aunque los recursos fueron incorporados presupuestalmente y se han expedido certificados de disponibilidad para varios sectores, no se registra ejecución efectiva en obligaciones y pagos en las entidades responsables”, detalló.
La Contraloría detalla que la preocupación recae en la situación de los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales permanecen en fase de estructuración de convenios. Dicha circunstancia ha retrasado el inicio de intervenciones dirigidas a la recuperación de los territorios afectados, pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de emergencia.
“El órgano de control también estableció que sectores como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados, mientras que, en Vivienda y Educación, pese a existir avances en la expedición de certificados presupuestales, aún no se registran obligaciones ni pagos”, precisó.
Finalmente, detalló que, varios meses después de ocurrida la emergencia, aún no ha recibido por parte del Gobierno Nacional el plan de acción específico que establezca con claridad las acciones responsables, cronogramas y resultados para la atención integral.