Miles de trabajadores vinculados al Estado mediante contrato por prestación de servicios esperan con alivio un desembolso que tenía meses pendiente.
En Colombia hay más de 900.000 trabajadores públicos bajo contrato por prestación de servicio, según el Ministerio de Trabajo, modalidad en la que el vínculo laboral no genera prestaciones sociales como vacaciones o seguridad social pagada por el empleador y que obliga a los contratistas a asumir la totalidad de sus aportes a salud y pensión.
Este grupo incluye profesionales de distintos perfiles y niveles, desde técnicos hasta expertos convocados para proyectos específicos en diferentes entidades del Estado.
La senadora Angélica Lozano reveló este 12 de febrero en su cuenta de X las denuncias que ella presentó ante el Congreso y en las cuales muestra que varias carteras del Gobierno mantienen pagos pendientes desde diciembre de 2025 con contratistas, afectando sus ingresos.
Entre las cifras que presentó se encuentran 1.410 cuentas por pagar en el Ministerio del Interior; 790 en el Departamento Nacional de Planeación (DNP); 69 en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 54 en la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).
Las cifras son graves: MinInterior tiene 1.410 cuentas pendientes; el DNP, 790 contratistas sin pago; MinCiencias, 69; y la UPIT, 54. Algunos atribuyen el retraso a falta de recursos por parte de MinHacienda, otros dicen que es algo ‘’normal’’. No es normal, el trabajo se respeta… pic.twitter.com/4G7xLjTVJy
— Angélica Lozano Correa | SENADO #VERDE10 💚🌻 (@AngelicaLozanoC) February 12, 2026
Ante las acusaciones, el Ministerio del Interior respondió a las denuncias realizadas por la congresista y aseguró que, oficialmente, se tiene previsto realizar esos pagos “durante el mes de febrero”, luego de que las cuentas de cobro fueran radicadas y se encuentren en proceso de validación administrativa, presupuestal y financiera conforme a los procedimientos vigentes.
La UPIT y el DNP señalaron una situación similar: los pagos se harían efectivos este mismo mes, una vez sean asignados los recursos correspondientes dentro del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), lo que depende directamente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de la disponibilidad presupuestal del Gobierno.
Este episodio pone sobre la mesa un desafío recurrente para los contratistas: la incertidumbre sobre el flujo de pagos cuando los recursos estatales se asignan de manera tardía.
A diferencia de los empleados con contrato laboral, quienes tienen derechos como primas, cesantías y vacaciones establecidas por ley, los contratistas no cuentan con esos beneficios y deben programarse financieramente para enfrentar brechas en sus ingresos.
Para muchos de estos trabajadores independientes, el pago de honorarios representa no solo el reconocimiento por el servicio prestado, sino la posibilidad de cubrir gastos básicos y compromisos financieros, especialmente cuando los atrasos se extienden por varios meses.
Aunque la confirmación del Ministerio genera alivio, la situación también ha hecho retomar el debate sobre la regulación y condiciones laborales de los contratistas en el sector público.