La senadora Paloma Valencia denunció unos contratos que firmó el Ministerio de la Igualdad con la Universidad Nacional. Se trata de dos convenios en los que se estableció que la institución educativa debía diseñar la política de campesinado y discriminación, que se había establecido desde hace dos años en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y que se debía implementar desde entonces.
“Los documentos los deberán entregar entre mayo y julio de 2026, a escasas semanas del cambio de Gobierno y del fin del Ministerio de acuerdo a la demanda que gané en la Corte. Es decir, no servirán para nada”, cuestionó la candidata presidencial.
#ATENCIÓN. Continúa el despilfarro en el Fondo paralelo del Ministerio de Igualdad
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 16, 2026
Entre noviembre/2025 y enero/2026 le entregaron dos contratos a la Universidad Nacional por $6.401 millones para que les diseñara la política de campesinado y discriminación. Algo que se definió… pic.twitter.com/8zYmAgEyI5
Además, dijo que entre el Fondo y el Ministerio de la Igualdad habrían nombrado a unas 6.322 personas entre 2025-2026 lo que le ha costado a los colombianos 241.896 millones de pesos. “Parece que ninguno es capaz de escribir un documento de política pública. Puro y físico derroche”, criticó Valencia.
Según explicó Valencia, en el 2024 se estableció en el PND que se debía reducir la tasa de analfabetismo, pobreza, mejorar el acceso a la tierra y la economía rural, entre otros componentes.
“Se supone que desde ese momento, hace dos años, el Ministerio de la Igualdad debió ejecutar esa política, pero no lo hicieron. Al igual que todas las promesas de esa entidad, la protección del campesinado y la lucha contra la discriminación se redujo a una promesa incumplida”, señaló Valencia.
Luego de eso, el 18 de noviembre del año pasado, el “fondo paralelo” del Ministerio de la Igualdad firmó un contrato con la Universidad Nacional por 4.976 millones de pesos.
Mientras que el 28 de enero le entregó un nuevo contrato por 1.425 millones de pesos para formular la línea base de la política contra la discriminación. “Es decir, ni siquiera se comprometieron a formular toda la política, sino solo los indicadores que servirán como punto de partida para su diseño”, reclamó Valencia.
La senadora dijo que tiene cálculos de que a través de esa modalidad se habrían contratado 6.322 personas entre el 2025 y el 2026. Valencia dijo que esa cifra podría ser mayor pues el fondo no ha publicado en el Secop los contratos ni los informes de supervisión.
“No solo hemos gastado 241.896 millones de pesos para mantener toda esa burocracia innecesaria entre 2025-2026, sino que ahora también debemos pagar 6.401 millones de pesos para que la Universidad Nacional realice una labor propia del personal de Ministerio de la Igualdad”, dijo la senadora.