La reducción del precio de la gasolina representó un alivio momentáneo para los colombianos, tras dos rebajas de 500 pesos aplicadas por el Gobierno en febrero y marzo. Sin embargo, la medida fue vista más como una apuesta electoral, en medio de un entorno internacional presionado por la guerra en Oriente Medio y su impacto en el petróleo.
Como resultado, las alzas en el precio del combustible no tardaron en llegar, devolviendo prácticamente todo lo que se le había quitado al precio en los primeros meses del año (subió 375 pesos en abril y 400 pesos en mayo), dejando de nuevo un sinsabor en la ciudadanía.
El debate se avivó porque, a medida que la gasolina subía, el diésel seguía subsidiado. Así, el esfuerzo por cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) recaía en un solo combustible.
Tras desmontar el subsidio a la gasolina, quedó claro que el precio interno debía acercarse al internacional para no repetir el déficit de 85 billones de pesos acumulado entre 2016 y 2025. Sin embargo, mientras que la gasolina llegó a estar hasta 4.000 pesos por encima del promedio externo, el diésel apenas tuvo ajustes parciales, en parte, por el riesgo de protestas de los camioneros, como el llamado estallido social que hubo cuando se intentó subir en ese segmento de la población.
El petróleo no bajará tan rápido aún si se calma la guerra en Oriente Medio
Ahora se abre un nuevo escenario para los combustibles que obligará a que el próximo Gobierno ponga el tema en el centro de la agenda. El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán estabilizó momentáneamente los mercados energéticos. El problema es que esa situación es incierta y, de hecho, volvieron los enfrentamientos. Para Colombia, sus efectos dependerán de las decisiones que se tomen.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), espera que, si se mantiene la distensión entre ambos países y sigue abierto el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz, disminuya el riesgo de nuevos aumentos en la gasolina. Sin embargo, ese panorama tiene efectos positivos y negativos para el país.
Si se estabiliza el precio del petróleo, la nación ya no recibirá los incrementos previstos por exportaciones de crudo cuando estaba más caro. Sergio Cabrales, académico de la Universidad de los Andes, cree que el crudo no bajará tan rápido con el acuerdo en Oriente Medio y advierte nuevos riesgos.
La gasolina se subsidia en $1.000 y el diésel en $7.500
Según sus cálculos, por los altos precios internacionales, hoy la gasolina se subsidia en Colombia en 1.000 pesos por galón y el diésel en 7.500 pesos, lo que volvería a aumentar el déficit del FEPC. Aunque un barril de referencia Brent (en promedio de 90 dólares) elevaría las utilidades de Ecopetrol en unos 5 billones de pesos en el segundo trimestre de 2026, buena parte de esas ganancias terminarían en el fondo.
David Jiménez Mejía, vocero de Somos Uno, gremio que agrupa a Fendipetróleo y Comce, señala otro riesgo: la pérdida de soberanía energética por la menor exploración y producción de hidrocarburos.
Según sus cuentas, Colombia ya importa más del 40 por ciento de la gasolina corriente, lo que la hace más vulnerable a la volatilidad internacional. “Esa misma suerte podría tener el diésel en los próximos años, con una necesidad de importación estimada en 10 por ciento al finalizar el próximo Gobierno, si no se hace algo al respecto”, afirma.
Reactivar la exploración
En ese contexto, el nuevo presidente deberá atender el tema por su impacto fiscal. Para Jiménez Mejía, reactivar la exploración es clave para la soberanía energética y reducir la exposición del país a los precios internacionales.
#Nación | 50 municipios de Cundinamarca aumentaron hasta 15 % el recaudo de la sobretasa a la gasolinahttps://t.co/kqfPxXWCqg
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 17, 2026
Lo cierto es que, para el Gobierno entrante, el precio de la gasolina y del diésel serán cuestiones sensibles. La billetera pública se podría ver afectada, pues la continuación de los subsidios a los combustibles representa un impacto fiscal negativo.
Implica un costo político porque cualquier aumento resulta ser una medida impopular que golpea el bolsillo de casi toda la población por la vía de los servicios de transporte. Y es un riesgo sobre la meta de controlar la inflación. Es decir, abordarlo es impostergable, pero, sin duda, una papa caliente.