Con la prerrogativa de que el 90 % del presupuesto del Departamento de Prosperidad Social-DPS está enfocado en las transferencias monetarias directas, las cuales, sin embargo, serán reenfocadas, de acuerdo con lo expresado por Sandra Suárez, directora de la entidad que se encarga de los programas sociales en Colombia.
La funcionaria, durante un debate de control político convocado en la Comisión VII del Senado, expuso situaciones que, según dijo, están siendo revisadas, no solo para confirmar si se trató de un manejo irregular, sino para tratar de optimizar el gasto del DPS en 2027. Por ejemplo, mencionó que en el programa Colombia Mayor, que pasó de 1,6 millones de beneficiarios a 2,9 millones, hay personas recibiendo transferencias pese a que tienen 54 años, es decir, ni siquiera han llegado a la edad de pensión. Por el momento, afirmó que, aún así, se están respetando esas asignaciones a pesar de que el programa es para adultos mayores.
En ese sentido, la directora del DPS puso de manifiesto que la ampliación de la cobertura de este programa no contaba con los recursos suficientes, por lo cual, hay una desfinanciación de 3,2 billones de pesos.
Con la convicción de que “las transferencias monetarias las deben recibir quienes las necesita”, Suárez habló de la herramienta Sisbén y de la ruta que inició el gobierno saliente con el RUI: Registro Único de Ingresos, pues la búsqueda con los subsidios es manejarlos con integralidad. No obstante, encontraron elementos que les hacen detenerse a pensar en la confiabilidad de la información del RUI, por lo tanto, decidieron aplazar la entrada en vigencia de dicho instrumento. “Recibimos muchas denuncias de siniestralidad sobre el RUI. Hay funcionarios en dicho registro que aparecen como vulnerables. Un día aparecían en una clasificación y otro día en otra”, argumentó.
En ese sentido, confirmó que tendrán la tarea para el Plan de Desarrollo que se va a construir, de evaluar lo que han ido identificando en términos de ayudas a la población más vulnerable y avanzar así en una mejor focalización de las mismas.
Según las explicaciones de la directora de Prosperidad Social, el primer año tendrán fuertes restricciones, debido a la crisis fiscal. El presupuesto previsto para la próxima anualidad es de 8,2 billones de pesos, 7,9 billones de los cuales son para inversión y 7,5 billones se van en transferencias monetarias, en parte, porque la población que recibe subsidios es muy numerosa.
Dentro de las revelaciones que hizo Suárez hay 1 billón de pesos en fiducias sin legalizar, que no fueron ejecutados, y que, además, sobre muchas cuentas hay carencia de información. “Mal haría yo en pedir más presupuesto”, indicó, al tiempo que insistió en que su decisión será lograr eficiencias con los recursos.
Llamados a investigación
Desde la perspectiva de Suárez, a la llegada a la entidad halló una variedad de circunstancias que deben ser objeto de investigación, pues se hace necesario precisar la razón por la cual se hizo una entrega masiva de mercados, justamente previo a las elecciones presidenciales, a través del programa Hambre Cero. “Hay muchos indicios de malas prácticas”, afirmó la directora del DPS.
Por ejemplo, expresó que la entidad tiene 1200 funcionarios en la planta y 900 contratistas en prestación de servicios, sobre lo cual pondrá la lupa para establecer para que se tenía esa nómina paralela.
No le pagaron un ciclo a los viejitos
La directora del DPS dijo además que le pareció injusto que en el primer semestre del año pasado, a los beneficiarios de subsidios de Colombia Mayor no les pagaran un ciclo: “recibimos esa deuda”. Por ello, agregó, preferimos hacerles los giros a todos los beneficiarios que aparecen en la base de datos -aún habiendo encontrado que las ayudan a gente que no es adulta mayor-, pues son colombianos que ya tenían la expectativa de recibir los recursos".
De esa manera, las modificaciones al sistema de ayudas que se irrigan a través del DPS, que podrían darse, parecen inevitables.
