En la noche del martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro analizó la actualidad financiera del país. En medio de su discurso en el Consejo de Ministros, el mandatario destacó que, en el caso de que el Banco de la República continúe elevando las tasas de interés, su Gobierno respondería con un aumento adicional del salario mínimo.
“Apenas pierda la mayoría el uribismo en la junta directiva del Banco de la República, se acabó. Entonces, en ese tiempo debemos proteger la economía nacional. Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos”, destacó Petro.
SEMANA dialogó con Fabio Pulido, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, y con Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight.
Pulido deja claro que la idea que propone el mandatario no se podría realizar. La fijación del salario mínimo es un decreto que debe expedir el presidente el año anterior a cuando entra en vigencia ese salario mínimo.
“Definitivamente eso no se puede, eso no se puede. La fijación del salario mínimo es un decreto que debe expedir el presidente el año anterior a cuando entra en vigencia ese salario mínimo. Por eso el de este año es el decreto que expidió el 30 de diciembre, que de hecho la ley dice que es la fecha límite para el año siguiente”, destaca Pulido.
El experto añade que, en caso de que el mandatario quisiera dejar un decreto para el próximo año, tendría que esperar a que se definan los meses de concertación para dicho fin, por lo cual, basándose en las leyes del país, la propuesta no se podría ejecutar.
“Entonces, si se expide un nuevo decreto, sería para el próximo año, pero todavía no puede porque tiene que esperar a las mesas de concertación, etc. O sea, en definitiva, no se puede. La ley establece que ese es un solo decreto que rige durante todo el año”, completa Pulido.
Junto a esto, Camilo Cuervo señala que legalmente no se podría llevar a cabo esta propuesta debido a que se tendría que hacer a través de un decreto presidencial y estos gozan de presunción de legalidad hasta que sean declarados ilegales y, como está pasando en este momento, sean evaluados por el Consejo de Estado.
“Este es un tema completamente político porque, obviamente, él es consciente de que ese decreto se va a caer, entre otras razones porque no tiene concertación, pero mientras se cae, pues es de obligatorio cumplimiento y genera efectos. Entonces va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con el primer decreto de diciembre, que él es consciente, que un incremento de 23 %, pues es ilegal porque viola completamente las normas que regulan la fijación del salario mínimo en Colombia”, analiza Cuervo.