El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio 2027-2028, por un monto de $ 27,54 billones de pesos, equivalente al 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos proyectados representan una reducción del 11 % frente a los $ 30,96 billones presupuestados para el bienio 2025-2026, cuando correspondían al 1,5 % del PIB.
Del total previsto para el nuevo periodo, el 77,8 %, equivalente a 21,43 billones de pesos, provendría de ingresos corrientes, mientras que el 22,2 % restante, unos 6,11 billones de pesos., correspondería a otros ingresos, principalmente rendimientos financieros.
El proyecto asigna 25,93 billones de pesos a inversión, cifra que representa el 94,2 % del presupuesto total. Otros 964.000 millones de pesos estarían destinados al ahorro mediante el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
Para administración y el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control se contemplan 643.000 millones de pesos.
En cuanto a la distribución de los recursos de inversión, la asignación regional contempla $ 7,28 billones de pesos; las asignaciones directas, $ 5,37 billones; la inversión local, 3,21 billones de pesos; y Ciencia, Tecnología e Innovación, 2,14 billones de pesos. Para la asignación para la paz se proyectan 7,59 billones de pesos.
El documento también incluye recursos para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Entre las inversiones previstas figuran proyectos de infraestructura vial, servicios públicos, vivienda e instalaciones comunitarias, con criterios de gestión del riesgo de desastres.
El Ministerio de Hacienda señaló que la iniciativa busca “concentrar los recursos en proyectos estratégicos de inversión para el desarrollo territorial”.
Además, plantea articular las regalías con políticas de seguridad energética y armonizar el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables con la protección ambiental y social de los territorios.