Este 2 de febrero, Alianza In, gremio de aplicaciones e innovación, advirtió que el nuevo proyecto de ley 347 de 2026 acabaría con las plataformas de movilidad. A través de un comunicado, la agremiación informó que el denominado proyecto fue presentado hace algunos días a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte.
La agremiación detalló que este proyecto representa uno de los retrocesos más graves que haya enfrentado el país en materia de innovación y movilidad, y una amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de familias que generan ingresos a través de plataformas de movilidad.
“De ser aprobado, el proyecto podría significar el fin de dichas plataformas y del trabajo con vehículos particulares en Colombia, acabando en la práctica con el derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios, y con la libertad de todos los ciudadanos de escoger en qué y cómo movilizarse, con seguridad, comodidad y eficiencia”, precisaron.
Además, indicaron que aunque el proyecto se presenta como un fortalecimiento de la supervisión, impone un régimen sancionatorio de carácter punitivo y prohibitivo que lleva a que los servicios de movilidad con vehículos particulares pasen de la indefinición regulatoria a la ilegalidad explicita, pese a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no solo han instado a avanzar en regulación, sino que han reconocido que en el uso de estas plataformas se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos.
🚨¡Alerta! El gobierno acaba de presentar un proyecto de ley que acabaría con las plataformas de movilidad en Colombia, el trabajo de cientos de miles de familias que generan ingresos con sus vehículos particulares y la libertad de elegir de millones de usuarios.
— José Daniel López (@lopezjosedaniel) February 2, 2026
Por favor…
La iniciativa convertiría a los servicios de movilidad con vehículo particular en actividades abiertamente ilegales, además de habilitar un régimen de persecución.
Con el proyecto, las autoridades estarían facultadas para ordenar la suspensión inmediata de la operación, sin decisión administrativa o judicial de fondo. Además, podrían realizar las siguientes sanciones:
- Inmovilizar vehículos por hasta 120 días.
- Aplicar multas de $ 4,7 millones por cada viaje.
- Multas de hasta $ 2.179 millones cuando la ley no fija una sanción específica.
Incluso multarían a conjuntos residenciales o propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de los servicios, con multas de hasta $ 726 millones.
Además, se precisa que el proyecto en mención establece una mordaza institucional que prohíbe a congresistas, funcionarios y autoridades de movilidad pronunciarse a favor de la actividad económica de estas plataformas.
“El alcance sancionatorio no se limita a quienes prestan o utilizan el servicio. El proyecto extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y a administradores de propiedad horizontal, convirtiendo a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción. El proyecto eleva de forma drástica el régimen sancionatorio, con multas desde 1.000 hasta 60.000 UVB (entre cerca de $ 10 millones y $ 726 millones) para propietarios y administradores de propiedad horizontal, ordena a los alcaldes desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, y genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones”, indicaron.